MADRID.- Dos asociaciones de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo presentaron hoy una denuncia contra el magistrado del Tribunal Supremo español que procesará al juez Baltasar Garzón por investigar las desapariciones de esa época, indicó esa corte.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de las regiones de Cataluña (noreste) y Mallorca (este), presentaron una querella contra los jueces Luciano Varela y Juan Saavedra, ambos del Tribunal Supremo, por "delito de prevaricación", es decir, dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es.
Saavedra admitió a trámite la denuncia presentada contra Garzón por el sindicato minoritario Manos Limpias y rechazó el recurso presentado por el juez español.
Varela es el juez instructor y el miércoles decidió abrir el procedimiento para juzgarlo, lo que Garzón ha recurrido.
Manos Limpias y la formación Falange Española de la JONS le denunciaron hace meses porque consideran que no era competente para efectuar esa investigación, la primera en España sobre los desaparecidos de la Guerra Civil (1936-1939).
Garzón, que la comenzó en octubre de 2008 y poco después la traspasó a juzgados locales, estimaba que el delito de "desaparición forzada" no prescribe, contrariamente a la fiscalía, que se oponía a ella amparándose en una ley de amnistía española de 1977 por la cual prescribían los delitos de esa época.
Según las asociaciones de víctimas que hoy denunciaron a quienes investigan a Garzón, existe "un claro y manifiesto desconocimiento" de la ley de amnistía por parte del juez Varela.
Alegan que "es impensable amnistiar a quien previamente no ha sido enjuiciado, o como mínimo procesado", ya que esto iría contra la presunción de inocencia, en referencia a los presuntos autores de esas desapariciones.
Pero además señalan que la ley de Amnistía, "al ser anterior a la promulgación y entrada en vigor" de la actual Constitución española, de 1978, "habrá de entenderse derogada en todo aquello que es contraria a la Constitución", también en lo referente a la "incorporación al ordenamiento español de los convenios y tratados internacionales suscritos por España" sobre derecho internacional y persecución de los crímenes de lesa humanidad.
Por último se pide que declaren como peritos Roland Gamarra, abogado experto en derecho internacional y defensor de la parte civil en el juicio al ex Presidente peruano Alberto Fujimori y Cecilia Medina, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).