Los demandantes solicitan, además que a Garzón le sea retirado de forma definitiva el cargo de juez
Reuters.
MADRID.- El sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad solicitaron hoy al Tribunal Supremo de España que inhabilite al juez Baltasar Garzón durante 20 años, por haber presuntamente cometido un delito de prevaricación al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
En el escrito de acusación que entregaron hoy al alto tribunal para fundamentar la querella que en su día interpusieron contra Garzón, ambas organizaciones piden la apertura de juicio oral contra el magistrado y que se le exija una fianza de 60.000 euros (unos 80.000 dólares) por los gastos que su actuación habría ocasionado al Estado.
En el documento, de 85 folios, los demandantes solicitan además que a Garzón le sea retirado de forma definitiva el cargo de juez y que además sea inhabilitado para ocupar cualquier otro puesto en el ámbito judicial mientras dure la condena que le pudiera ser impuesta.
Manos Limpias y Libertad e Identidad se unen de esta forma al tercer querellante, el partido franquista Falange, que en la víspera también pidió al Tribunal Supremo una pena de inhabilitación de 20 años para Garzón.
De ser condenado, eso supondría el final de la carrera del famoso magistrado, que a sus 54 años será previsiblemente juzgado por el Tribunal Supremo en base a las tres querellas presentadas en su contra por la ultraderecha.
Aunque estaba previsto que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidiera en su reunión de este jueves si suspende de funciones a Garzón por el proceso penal que enfrenta, finalmente ese punto no fue incluido en la orden del día, ya que el máximo órgano de los jueces españoles no recibió a tiempo el correspondiente auto del Tribunal Supremo. Sin embargo, puede haber cambios de última hora.
Las organizaciones de la ultraderecha que se querellaron contra Garzón lo acusan de haber abierto en 2008 una investigación por los crímenes franquistas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura (1939-1975) ignorando deliberadamente la Ley de Amnistía de 1977, por lo cual en su opinión cometió un delito de prevaricación.
