WASHINGTON.- El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, afirmó hoy, martes, que el Departamento de Justicia podría objetar ante los tribunales la "desafortunada" ley migratoria aprobada la semana pasada en Arizona y que ha provocado críticas nacionales y en muchos países de América Latina.
"Estamos considerando todas las posibilidades, incluida la posibilidad de impugnarla", dijo Holder, quien aseguró estar "muy preocupado" por la "presión" que ésta pueda ejercer en las comunidades.
La controvertida normativa ha provocado duras protestas y críticas -incluida la del Presidente Barack Obama, y de las más altas autoridades del vecino México- porque prevé que la policía pueda reclamar la identificación a una persona para comprobar si se encuentra legal o ilegalmente en el país aunque no haya cometido delito alguno, algo que muchos consideran que puede provocar discriminación racial.
El Departamento de Justicia, por órdenes directas de Obama, está revisando "exhaustivamente" la constitucionalidad o no de la legislación sancionada el pasado viernes por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y que ya ha sido calificada como la más dura contra los inmigrantes del país.
En una audiencia ante la Comisión de Justicia del Senado, también la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, se declaró "profundamente preocupada" por el impacto que la ley de Arizona puede tener en la capacidad de la policía, ya que dijo que ésta podría "restarle" o incluso "desviar" los recursos que necesitan las fuerzas de seguridad para centrarse en "aquellos que cometen los crímenes más graves más allá de violar las leyes de inmigración" del país.
"Crímenes graves, de drogas, fugitivos, miembros de bandas... eso es en lo que nos centramos (...) así que nos preocupa que hasta cierto punto (por la ley de Arizona) tendremos que usar nuestros recursos de inmigración contra cualquiera al que le sea aplicado esta ley", sostuvo Napolitano, quien durante su etapa como gobernadora de Arizona vetó dos veces legislaciones similares a la sancionada la semana pasada por su sucesora.
Al igual que Holder, Napolitano reconoció hoy compartir la preocupación de grupos civiles que han advertido además de que la ley podría reducir la cooperación ciudadana con las autoridades policiales por miedo a ser deportados y señaló que "este tipo de leyes no constituyen un valor añadido a la aplicación de la ley".
"Constitucionales o no, hay verdaderas razones policiales por las que leyes como ésta son equivocadas (...) por algo la mayoría de los agentes de la ley se oponen a ellas", recordó la alta funcionaria.