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Santiago: Miércoles 24 de abril del 2024 | Actualizado 19:25
La petición de Garzón debe ser estudiada por el Consejo General del Poder Judicial y aprobada por la Cancillería española.
EFEMADRID.- El juez español Baltasar Garzón solicitó ser trasladado al Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya como "consultor externo", según informaron hoy fuentes de la Audiencia Nacional.
Garzón, de 54 años, tiene actualmente tres causas abiertas en su contra en el Tribunal Supremo español, entre ellas una por presunta prevaricación en su investigación de los crímenes del franquismo que podría sentarlo en breve en el banquillo de los acusados. De ocurrir, eso significaría su suspensión automática como juez instructor.
El pasado 6 de mayo, el magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, recibió una invitación del fiscal jefe del TPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, para trabajar como asistente en su oficina por un tiempo inicial de siete meses.
Ocampo pretende aprovechar la "experiencia de Garzón en la investigación de crímenes organizados y masivos".
Desde el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Garzón ha instruido desde 1988 sumarios importantes contra el narcotráfico y el terrorismo. Desde ese juzgado persiguió también al ex gobernante chileno Augusto Pinochet y a represores de la dictadura argentina, saltando a los titulares de todo el mundo.
El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, remitió ya al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe favorable al traslado de Garzón. La petición del magistrado será estudiada mañana por la comisión permanente del CGPJ.
El traslado tiene que contar además con la aprobación del gobierno español, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Junto a la causa en su contra por su investigación de los crímenes del franquismo, Garzón tiene abierta otra en el Supremo por unos supuestos cobros del Banco de Santander recibidos durante su estancia en Nueva York y otra por haber ordenado intervenir las comunicaciones que tuvieron en prisión con sus abogados varios procesados en el "caso Grtel", la trama de corrupción que salpica al Partido Popular (PP) desde hace más de un año.
