Gobierno español apoya traslado de Garzón al Tribunal Penal Internacional

MADRID.- El Ministerio de Exteriores de España remitió hoy al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe en el que dio el visto bueno al posible traslado del juez Baltasar Garzón al Tribunal Penal Internacional (TPI), informaron fuentes del Consejo.

En el documento, la Cancillería contesta en forma afirmativa a la solicitud de traslado formulada por Garzón, ya que apoya todas las medidas destinadas a mejorar los recursos humanos y materiales de la corte internacional de La Haya.

El informe es uno de los solicitados por el CGPJ antes de pronunciarse sobre la petición del juez de la Audiencia Nacional de trasladarse en situación de servicios especiales durante siete meses al TPI como "consultor externo".

Asimismo, el órgano de gobierno de los jueces también pidió informes a la Inspección del Consejo, al Servicio de Personal y a la Fiscalía del TPI, para que se pronuncien sobre la idoneidad del traslado de Garzón.

El CGPJ convocó para mañana un pleno extraordinario para decidir si suspende cautelarmente en sus funciones a Garzón, después de que el magistrado del Tribunal Supremo (TS), Luciano Varela, acordara ayer la apertura de un juicio oral contra el juez por investigar los crímenes del franquismo.

Si el juez resulta suspendido, no podría marcharse a La Haya en situación de servicios especiales, lo que no impediría que se pudiera ir a título particular, según fuentes jurídicas.

Los hechos por los que el juez está encausado se remontan a 2008, cuando se declaró competente para juzgar las desapariciones en la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco, para lo que ordenó abrir algunas fosas donde se sospecha que puede haber enterradas personas desaparecidas.

Garzón tiene dos causas más abiertas en su contra, una de ellas relacionada con la querella que se tramita contra él por el dinero que presuntamente percibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.

La tercera causa se refiere a la orden del juez de intervenir las comunicaciones en prisión entre varios imputados del "caso Gürtel" uno escándalo de corrupción política que implica a dirigentes del conservador Partido Popular (PP), principal fuerza de la oposición.