LA PAZ.- Tras siete horas de debate, la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó la Ley transitoria para el funcionamiento de las autonomías departamentales y municipales, que entrará en vigor el 30 de este mes y que permite suspender a los gobernadores que tengan alguna acusación penal.
En esa situación están los gobernadores opositores Rubén Costas (de Santa Cruz), Mario Cossio (Tarija) y Ernesto Suárez (Beni), reelegidos el pasado 4 de abril.
Las tres autoridades de la "media luna" son sindicadas por el uso indebido de fondos públicos durante la organización de los referendos autonómicos de 2008, en sus respectivas regiones.
Según el vicepresidente Álvaro García Linera, la ley es un instrumento para proteger los recursos públicos de "pícaros y ladrones" y evitará que los delitos cometidos o por cometer por las autoridades elegidas queden impunes.
"Si de aquí en algunos meses o años hay un problema legal (contra algún gobernador), hay un procedimiento y punto", declaró García Linera.
Según la oposición, la ley busca anularla a nivel regional, pues el gobierno denunció judicialmente a Costas, Cossio y Suárez por usar fondos públicos no presupuestados en las consultas de 2008, calificadas como ilegales.
Con ese argumento, las organizaciones cívicas de Santa Cruz, Tarija y Beni, que son bastión opositor desde 2006 y en las que ganó las seis consultas electorales que hubo desde entonces, llamó a la resistencia civil.
