BOGOTÁ.- La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navi Pillay, pidió el viernes al gobierno del Presidente Alvaro Uribe "acatar y respetar" la condena impuesta esta semana a un coronel retirado del ejército por la desaparición de al menos 11 personas tras el sangriento asalto rebelde y retoma por las autoridades del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
"Exhorto al gobierno de Colombia a acatar y respetar la sentencia. Asimismo, solicito al gobierno colombiano adoptar todas las medidas necesarias para continuar garantizando la seguridad de la Jueza María Stella Jara, quien enfrenta múltiples amenazas", dijo Pillay en el comunicado divulgado en un correo electrónico desde Ginebra.
La jueza Jara condenó el miércoles a 30 años de cárcel al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, de 65 años, por el delito de desaparición forzada en el caso del Palacio de Justicia, que había sido tomado por rebeldes del Movimiento 19 de Abril (M-19), grupo más tarde pacificado y al que se le otorgó una amnistía en 1989.
Aunque la condena a Plazas Vega, quien ha negado cualquier relación al caso de los desaparecidos, es apelable, Uribe criticó el fallo alegando que mientras los insurgentes estaban libres, los condenados eran los militares.
Uribe, cuyo gobierno culmina el 7 de agosto, dijo que se debería trabajar en una ley que brinde protección a los militares. Agregó que fallos como el de la jueza Jara eran "desestimulantes" al trabajo de la fuerza pública.
La Alta Comisionada ratificó que de acuerdo con el derecho internacional humanitario, "en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada".
Por su parte, Amnistía Internacional dijo que el gobierno no debe proteger a los militares vinculados a casos de abusos de derechos humanos.
“Proteger a las fuerzas de seguridad de las investigaciones sería una burla para el gobierno que dice ser serio sobre la lucha contra la impunidad", aseguró AI en una nota enviada a los medios en un correo electrónico.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la víspera que otorgó medidas de protección a la jueza Jara debido a amenazas anónimas contra su vida.
