BUENOS AIRES.- El gobierno argentino avanzó en la querella contra ambientalistas que bloquean desde hace tres años y medio un puente hacia Uruguay con la firma del decreto que autoriza la presentación penal y civil, tal como lo solicitó el juez que interviene en la causa.
La presidenta Cristina Kirchner firmó el viernes por la noche el decreto que habilitó al Procurador General del Tesoro a presentarse como querellante en representación del Estado, con el fin de acelerar la causa contra los asambleístas por apología del delito y resistencia a la autoridad, entre otros cargos.
Según fuentes gubernamentales que cita este sábado la prensa local, el decreto fue firmado el viernes por la noche tras una reunión de urgencia entre la mandataria, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Justicia, Julio Alak.
El gobierno busca individualizar a los responsables del corte de ruta y querellarlos de manera de desactivar la protesta sin tener que recurrir a un desalojo por la fuerza.
Argentina tomó esa decisión luego de que un juez federal confirmara el martes que se debe garantizar la libre circulación en el puente internacional General San Martín, que une Gualeguaychú (230 km, al norte de la capital) con la uruguaya de Fray Bentos (310 km al nororeste de Montevideo).
Los ambientalistas reaccionaron con indignación y con cierto recelo a dar sus nombres a la prensa por temor a ser incluidos en la querella que, según fuentes del gobierno, incluye por el momento a al menos diez personas.
En los inicios de la protesta, en 2006, el gobierno apoyó el reclamo de los vecinos contra una fábrica de celulosa construida en Uruguay sobre un río limítrofe por temor a la contaminación y toleró el corte de ruta, pero paulatinamente tomó distancia de la medida y ahora presiona ante la justicia para lograr su desactivación.
Argentina busca reencauzar sus relaciones bilaterales con Uruguay y cumplir con el fallo de la Corte Internacional de La Haya (CIJ) que ordenó en abril pasado un monitoreo conjunto de las aguas del río.