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Santiago: Domingo 14 de diciembre del 2025 | Actualizado 20:17
BUENOS AIRES.- Los manifestantes argentinos que bloquean un puente entre Argentina y Uruguay en protesta por una fábrica de celulosa instalada en ese país, evaluarán levantar el corte temporalmente a cambio de que se realicen controles internos en la planta para verificar si contamina.
Abogados de los ambientalistas que mantienen cortado desde hace más de tres años un puente que une ambos países, confirmaron que el miércoles se reunirán en una asamblea para votar si durante dos meses despejan el paso fronterizo.
Ana Angelini, abogada de los manifestantes, dijo hoy a la radio FM Milenium que quieren comprobar "si Uruguay está dispuesto a monitorear la planta" con inspecciones dentro de las instalaciones.
El cambio de actitud de los ambientalistas -que hasta hace poco se negaban a levantar el bloqueo- se produce pocos días después de que el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández anunciara que denunciará a varios de los vecinos de Gualeguaychú que no permiten el tránsito por el puente que une esa localidad argentina con la uruguaya de Fray Bentos.
En esa localidad está instalada una fábrica de celulosa que, en opinión de los ambientalistas, está contaminando el compartido río Uruguay.
En su querella, el gobierno ha denunciado que el corte involucra delitos como privaciones de la libertad, extorsión y actos de intimidación pública, entre otros.
Las autoridades consideran que los ambientalistas de Gualeguaychú deben deponer su actitud porque la Corte Internacional de Justicia de la Haya ya se ha pronunciado sobre este conflicto que deterioró notablemente las relaciones entre Argentina y Uruguay.
El tribunal entendió que la fábrica no debe ser relocalizada, al no haber encontrado pruebas de que contamine, aunque reprendió a Uruguay por no haber avisado con la suficiente antelación a Argentina de su plan de permitir la instalación de la papelera de capitales finlandeses.
Instruyó además a los dos países a que hagan un seguimiento de forma conjunta de las emisiones que lanza la planta hacia el río Uruguay.
El gobierno uruguayo, que niega que la celulosa contamine, ha mostrado su total disconformidad en varias ocasiones con que se realicen inspecciones internas en la fábrica, por considerar que excede lo que dispuso la corte internacional.
Pero, según sus últimos pronunciamientos, menos rotundos, existe una posibilidad de reconsiderar la situación.
Ambos países acordaron hace dos semanas resolver en 60 días la forma en que se hará el control conjunto del funcionamiento de la planta que pidió el tribunal internacional.
