LA PAZ.- El Gobierno de Evo Morales aprobará una ley que endurecerá las sanciones contra el contrabando y tratará a quienes estén implicados en esta actividad con la misma dureza que a los narcotraficantes.
Según la agencia estatal "ABI", el vicepresidente Álvaro García Linera informó que se envió al Congreso un proyecto de ley que planteará confiscar los bienes de los contrabandistas y castigar con hasta 15 años de prisión a los empleados estatales involucrados en esta actividad.
"Se va a aplicar la misma rigurosidad en la confiscación de bienes a las personas involucradas en la actividad que a las involucradas en narcotráfico", sostuvo.
La autoridad aseguró que la nueva norma contra el contrabando será "una especie de Ley 1008", la Ley de Régimen de Sustancias Controladas y Coca.
El proyecto plantea la confiscación de herramientas, inmuebles o vehículos utilizados por contrabandistas, además de la detención de personas involucradas directa o indirectamente en el hecho, sanciones que actualmente se aplican en casos de narcotráfico.
La propuesta del Gobierno también apunta a aumentar de cinco a 15 los años de cárcel para los funcionarios estatales o policías vinculados con esa actividad.
"Estos dos elementos fundamentales están marcando una línea de un golpe muy drástico, contundente, demoledor contra cualquier tipo de actividad de contrabando que está desangrando a la economía boliviana", agregó García Linera.
Según un estudio presentado el mes pasado por la fundación privada de análisis económico Milenio, el contrabando que ingresa a Bolivia alcanzó un promedio anual de 354 millones entre 2000 y 2005, cifra que subió a 846 millones por año, de 2006 a 2008.
El mismo estudio señala que sólo en 2008 el valor global del contrabando fue de 1.048 millones de dólares, el 59% proveniente de la Zona Franca de Iquique (Zofri) y un 9% de otras regiones de Chile.