BERNA.- Algunos países extranjeros obtienen de forma ilegal datos sensibles de cuentas bancarias suizas para perseguir delitos fiscales, denuncia en su informe anual el Servicio de Inteligencia del país (NDB).
Felix Endrich, portavoz del NDB, no acusa sin embargo a ningún servicio secreto en concreto. "No mencionamos a los servicios secretos, porque también podría tratarse de personas privadas, como detectives", explicó.
Con la denuncia, el NDB se refiere también a CDs con datos de clientes extranjeros obtenidos de forma ilegal, que han sido comprados por países como Alemania o llegado indirectamente a otros, como España.
El diario económico español "Expansión" señala hoy, jueves, que algunos clientes hispanos del banco suizo HSBC se plantean acciones legales contra el gobierno de Madrid si Hacienda los inspecciona para establecer delitos fiscales, porque la información se obtuvo -alegan- de forma ilegal.
En el caso de los 1.500 españoles implicados, la información se consiguió porque un ex empleado de HSBC robó datos de 15.000 personas en marzo de 2006 y se los facilitó al fisco francés, desde donde llegaron luego a España. Madrid alega por ello que los recibió de forma legal de parte de las autoridades del país vecino.
El informe del NDB suizo tampoco menciona a países en concreto, pero subraya que la crisis financiera, con la consecuente pérdida de ingresos fiscales, ha "impulsado a algunos Estados a conseguir información de forma activa (...) para buscar en Suiza fondos de sus ciudadanos que posiblemente no hayan tributado".
Los servicios secretos extranjeros pueden conseguir datos de los bancos suizos y sus clientes además con procedimientos como escuchas telefónicas o espionaje de e-mails. También pueden negociar con las entidades o con individuos que les pasen información.
"No acusamos en principio a ningún país o servicio secreto", dijo Endrich. Lo que se quiere es mostrar que Suiza no ignora lo que está pasando, añadió.
El fisco alemán compró por ejemplo por 2,5 millones de euros un CD con informaciones sobre cuentas de presuntos evasores impositivos que generó una ola de acusaciones fiscales, aunque también polémica acerca de si el Estado puede comprar datos robados.
