Sarkozy intentará desactivar escándalo que involucra a ministro de Trabajo

PARÍS.- El Presidente francés Nicolas Sarkozy, con su popularidad en su más bajo nivel, hablará el lunes por televisión para intentar desactivar el escándalo que involucra a la mujer más rica de Francia y al ministro de Trabajo por presunto fraude fiscal y financiación electoral ilegal.

Cuatro semanas después de que estallara el escándalo que involucra al ministro de Trabajo, Eric Woerth, en una posible evasión fiscal de la  multimillonaria Liliane Bettencourt, heredera del emporio L'Oreal, el Mandatario francés saldrá al ruedo con el objetivo de poner fin a la polémica.

A partir de las 20H15 locales (18H15 GMT) Sarkozy será entrevistado durante una hora en el noticiero de la cadena pública France 2 para relativizar el "escándalo Bettencourt" y defender la reforma del sistema de jubilación, la más polémica de su mandato, liderada justamente por el ministro de Trabajo.

Woerth, tesorero de la gobernante Unión para un Movimiento Popular (UMP, derecha) y de la campaña electoral que llevó a Sarkozy a la presidencia en mayo de 2007, fue ministro de Presupuesto hasta marzo de 2010, cuando fue nombrado al frente de Trabajo para llevar adelante la reforma de la jubilación.

Pero hace cuatro semanas, su nombre y el de su esposa, Florence, aparecieron en unas grabaciones clandestinas hechas por el mayordomo de Liliane  Bettencourt en las cuales se habla de evasión fiscal, de la intromisión del Elíseo (sede de la presidencia) en un procedimiento judicial en curso y de sus vínculos con los Woerth.

La esposa del ministro gestionaba desde 2007 parte de la fortuna de Bettencourt, sospechosa de fraude fiscal y beneficiaria de un millonario  reembolso impositivo en virtud del llamado "escudo fiscal" instaurado por el  gobierno Sarkozy, y que beneficia a las grandes fortunas.

El asunto de familia se convirtió en asunto de Estado luego de que Claire Thibout, ex contable de Bettencourt, afirmara que en marzo de 2007 le dio 150.000 euros a Woerth para financiar la campaña electoral de Sarkozy.

Mientras la justicia abrió una investigación por financiación ilegal de partido político, el gobierno encomendó un informe a la Inspección General de Finanzas (IGF) para frenar la acusación de "conflicto de intereses" contra  Woerth.

Según las conclusiones de la IGF -que se conocieron el domingo, en vísperas de la intervención televisiva del presidente- Woerth "no intervino (...) para  pedir, impedir u orientar una decisión o un control sobre Bettencourt".

"Las cosas están claras. Estoy sumamente aliviado porque finalmente me creen", afirmó el lunes Woerth que en cambio dijo estar "reflexionando" sobre la posibilidad de dejar el cargo de tesorero de la UMP.

Un experto de la IGF había puesto en tela de juicio el breve plazo requerido para sacar adelante el informe.

"No son los métodos correctos (...)  para que la administración fiscal vaya hasta el fondo de un asunto", dijo. Sarkozy, cuya tasa de popularidad se derrumbó al 30%, su más bajo nivel  desde que llegó a la presidencia, según el instituto OpinionWay, "abordará  todos los temas", afirmó el Elíseo.

El Presidente "debe responder sobre el fondo si quiere ser escuchado", afirma el diario Liberation, para el cual Sarkozy no sólo "quiere tranquilizar a los franceses sino también a la mayoría" de derecha de cara a la elección presidencial de 2012.

Test electoral en medio de los escándalos, la UMP perdió el domingo su histórico bastión de Rambouillet, en las afueras de París, que por primera vez quedó en manos de una candidata de izquierda y ecologista. El gobierno sigue adelante con su calendario.

El martes, en vísperas de la fiesta nacional y antes del receso veraniego, Woerth presentará al gabinete la reforma que prevé aumentar de 60 a 62 años la edad mínima de jubilación y de 65 a 67 años la edad para cobrar una jubilación plena. Los sindicatos rechazan y critican una reforma "injusta" e "inaceptable". 

Tras haber movilizado a dos millones de personas en junio, las seis principales centrales sindicales francesas convocaron para el 7 de septiembre su quinta  protesta del año, el mismo día en que el Parlamento empezará a tratar el proyecto de ley.