Macri fue formalizado por violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos.
AFPBUENOS AIRES.- La máxima autoridad de la ciudad de Buenos Aires, el presidenciable Mauricio Macri, encausado como presunto líder de una red de espionaje telefónico, pidió este lunes ser sometido a un juicio oral para probar su inocencia y responsabilizó al gobierno federal por la acusación.
"Les he pedido a mis abogados que estudien que podamos ir lo antes posible el juicio oral. Para que quede en evidencia que no existe nada, salvo una maniobra política transformada en causa judicial", dijo en la Jefatura de Gobierno, rodeado de todo su gabinete y asesores.
No obstante, negó tener intenciones de tomar licencia para enfrentar la justicia. La Cámara de Apelaciones ratificó el viernes pasado por unanimidad el procesamiento de Macri dictado en primera instancia.
El juez Norberto Oyarbide había encausado sin prisión preventiva a Macri por violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en concurso con el de asociación ilícita, el cargo más grave, y le había trabado un embargo de 250.000 pesos (US$63.000).
El jefe de Gobierno porteño calificó el fallo de "aberrante" y "mamarracho jurídico", al sostener que "no hay ni una sola prueba que sostenga lo que relata el expendiente".
"Estoy absolutamente tranquilo", dijo el alcalde, uno de los líderes de la oposición, quien acusó a los jueces de "ser cómplices del accionar" del ex Presidente Néstor Kirchner, esposo de la Mandataria Cristina Fernández y jefe del peronismo oficialista.
"Se ha ido profundizando una forma de ejercer el poder de parte de Kirchner (...) echando mano a cualquier instrumento (contra opositores), esto nos lleva a una figura que podemos definir como estado policial", afirmó.
Macri se confesó además "dolido" por declaraciones de su padre, el poderoso empresario italoargentino Franco Macri, quien desestimó que Kirchner hubiera presionado al tribunal para encausar a su hijo.
La causa por las escuchas ilegales se originó en una denuncia de uno de los espiados, dirigente de una agrupación de familiares de víctimas del ataque a la mutual judía AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos y 300 heridos en 1994.
