Equipo multidisciplinario indaga lazos entre BP y funcionarios del Gobierno de EE.UU.

WASHINGTON.- Investigadores estadounidenses iniciaron una pesquisa penal sobre si los estrechos vínculos entre la empresa British Petroleum (BP) y reguladores federales contribuyeron a causar el catastrófico derrame de crudo en el Golfo de México, informó este miércoles "The Washington Post".

El grupo de indagadores, apodado "escuadrón BP", que viajó a Nueva Orleans, incluye a funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental, la Guardia Costera y otras agencias federales.

Además de BP, otras empresas están en el centro de la investigación, que está en sus primeras etapas, indica el diario.

Se trata de Transocean -que arrendó la plataforma siniestrada "Deepwarter Horizon" a la firma británica- y el gigante de ingeniería Halliburton -que había terminado de cementar el pozo menos de dos días antes de que la plataforma explotara el 20 de abril-.

Los investigadores estudian miles de documentos entregados por las compañías, interrogan a sus funcionarios e intentan determinar los responsables de varias operaciones en la plataforma.

Las autoridades también buscan establecer si funcionarios de las empresas realizaron falsas declaraciones a los reguladores, obstruyeron la justicia o falsificaron resultados de las pruebas a dispositivos de la plataforma para prevenir explosiones, indicó el periódico.

"The Washington Post" cita fuentes que indican que una de las líneas de la pesquisa es determinar si los inspectores del Servicio de Gestión de Minerales (MMS, agencia federal encargada de regular la industria petrolera) hicieron la vista gorda a cambio de dinero u otros favores de las empresas.

Varias auditorías federales documentaron los estrechos vínculos de los funcionarios del MMS con la industria.

Esta investigación es una de las varias iniciadas tras la explosión y hundimiento de la plataforma de BP, que causó el mayor desastre ambiental en la historia de Estados Unidos, incluyendo una del Departamento de Justicia anunciada en junio por el fiscal general, Eric Holder, y las pesquisas penales iniciadas en los estados de Louisiana, Mississippi y Alabama.