BOGOTÁ.- El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Rubén Salazar, le insistió hoy a la Corte Constitucional que no autorice el matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque se mostró de acuerdo con rodear a esas parejas de garantías económicas.
La Iglesia católica colombiana envió hace varios días al Tribunal Constitucional un escrito en el que se opone a la posibilidad del matrimonio gay, derivada de una demanda elevada por abogados para que se reforme el Código Civil, que solamente reconoce como matrimonio a las uniones entre un hombre y una mujer.
"Partimos de la naturaleza humana como el Señor la hizo. El Señor creó varón y mujer y pidió que se unieran. Toda otra unión puede ser de carácter económico, con garantías en otros campos, pero no es comparable a la del hombre y la mujer. Solamente ahí hay fecundidad y transmisión de la vida para que la sociedad pueda seguir adelante", dijo el prelado.
Según Salazar, está bien que las uniones de personas del mismo sexo tengan algunas garantías legales, pero no que la Corte Constitucional autorice los matrimonios.
La Corte Constitucional ha reconocido que en las uniones de personas del mismo sexo hay derechos de sucesión de herencias y de afiliación al sistema de salud.
Ese tribunal estudia desde hace varios meses una demanda interpuesta por dos abogados para que se modifique el Código Civil con la intención de que se aprueben los matrimonios de parejas homosexuales, cuya decisión estaría próxima a conocerse.
El secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan Vicente Córdoba, envió a la Corte Constitucional un escrito en que rechaza esa posibilidad con argumentos como los expuestos por el obispo Salazar y otros como que la autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo crearía un ambiente proclive a la homosexualidad.
"Fabricar moneda falsa es devaluar la verdadera y poner en peligro todo el sistema económico. De igual manera, equiparar los homosexuales con la familia es introducir un peligroso factor de disolución de esa institución y, con ella, del justo orden social", afirmó Córdoba en el concepto enviado al tribunal.
La magistrada encargada del caso, María Victoria Calle, ha recibido al menos medio centenar de pronunciamientos de ciudadanos, universidades, de diversos grupos sociales y de las Naciones Unidas, además del de la Iglesia católica.
