BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino formalizó hoy la decisión de denunciar ante la Justicia la supuesta ilegalidad en la compra de Papel Prensa por parte de los diarios Clarín y La Nación.
El Boletín Oficial publicó hoy el decreto de la Presidenta argentina, Cristina Fernández, que instruye a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Procuración del Tesoro de la Nación (abogados del Estado) "para que intervengan y efectúen las denuncias y reclamos que correspondan en las causas relacionadas con la firma Papel Prensa".
El decreto 1210 busca que se investigue el proceso por el cual los diarios Clarín, La Nación y La Razón- accionista hasta 2000- compraron la mayoría de las acciones de la única fabricante de papel para periódicos de Argentina.
La resolución está basada en el informe oficial "Papel Prensa: la verdad", presentado la semana pasada por Fernández, donde señala las presuntas complicidades entre los diarios y la dictadura para la apropiación de la fabricante de papel, fundada en 1972.
Clarín, que forma parte del grupo homónimo, y La Nación, han rechazado tajantemente esos cargos y denunciado que son víctimas de un ataque el Gobierno contra la libertad de prensa e información.
Las denuncias del Ejecutivo también han sido rechazadas por la mayor parte de las principales fuerzas de la oposición.
La jefa del Estado había instruido por decreto al secretario argentino de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, "para que ponga a disposición del Poder Judicial el informe" presentado el pasado martes por el Gobierno y "para que intervenga como parte querellante" en las causas en las que se investigue "la comisión de delitos de lesa humanidad".
La resolución oficial publicada solicita al procurador Joaquín Da Rocha "que intervenga en las causas relativas a prácticas desleales, actividades monopólicas, abuso de posición dominante, perjuicios al Estado Nacional en su carácter de socio y a los restantes accionistas".
Lidia Papaleo, viuda de David Graiver- el dueño original de Papel Prensa-, declaró la semana pasada ante la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos en una causa que investiga la compra de Papel Prensa a raíz de una presentación anterior hecha por Duhalde.
Según asegura el Gobierno, cuando Lidia Papaleo vendió las acciones de la empresa a Clarín, La Nación y La Razón, bajo la última dictadura militar, lo hizo "bajo amenazas" y "no era libre" en su proceder.
Tras la muerte de Graiver en un accidente aéreo, en agosto de 1976, tanto Papaleo como varios de sus familiares y de socios del grupo empresarial Graiver fueron hostigados hasta que vendieron las acciones de Papel Prensa, según el informe oficial.
La operación de venta se hizo en noviembre de 1976 y en marzo de 1977 Papaleo fue secuestrada por la dictadura, torturada, violada y condenada a cinco años de prisión por complicidad del Grupo Graiver con la guerrilla de Montoneros, formada en los años setenta por sectores de izquierda y nacionalistas del Partido Justicialista (peronista).
El capital de Papel Prensa se reparte entre el grupo Clarín (49%), el Estado (27,46% en forma directa y 0,62% a través de la agencia oficial Télam) y La Nación (22,49%), con un 0,43% en manos de terceros.
