PARÍS.- El Presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, prometió hoy seguir adelante con su estricto plan de seguridad referido a la expulsión masiva de gitanos, pese al gran número de críticas desatadas al interior de su gabinete y que dejan en evidencia las divisiones en su Gobierno.
Sarkozy, que en los próximos días enfrentará protestas masivas contra sus medidas de seguridad y la reforma de pensiones, parece tener cada vez más oposición interna, luego que el primer ministro, Fran Ecois Fillon, y el canciller, Bernard Kouchner, se mostraron en desacuerdo con el Presidente.
La demolición de campamentos ilegales y la repatriación de gitanos ha recibido arduas críticas de la oposición de izquierda, miembros de la Iglesia católica y grupos de derechos humanos, entre los que destaca el organismo de DD.HH. de Naciones Unidas.
En una reunión con cinco policías heridos en acción, Sarkozy prometió seguir con los pasos restantes de su paquete de seguridad, como revocar la nacionalidad francesa a inmigrantes condenados por ataques a la policía.
"El Presidente (...) expresó su compromiso inquebrantable de aplicar estas propuestas en las próximas semanas", dijo el Palacio del Elíseo por medio de un comunicado emitido tras la reunión.
Los críticos califican la represión de Sarkozy como un intento por mejorar su popularidad antes de las elecciones del 2012 y desviar la atención de los impopulares planes para elevar la edad de jubilación y recortar el gasto público.
Las encuestas sugieren que el plan de Sarkozy podría ser popular entre los votantes conservadores.
Con la cercanía de una remodelación del Gobierno en octubre y Sarkozy enfocado en las elecciones del 2012, varios ministros se han distanciado del Mandatario.
El primer ministro, cuya popularidad está muy por encima de la de Sarkozy en las encuestas de opinión, dijo lamentar el modo en que se había gestionado la iniciativa contra la delincuencia.
"Durante el verano hubo un cierto número de propuestas desde mi bando que no acepto", declaró Fillon a la cadena de radio France Inter el lunes, criticando a sus compañeros del Gobierno como el ministro del Interior, Brice Hortefeux, por "pasarse de la raya".
Además, Francia ha expulsado más de 8.300 gitanos este año en lo que denomina repatriaciones voluntarias, pero grupos de defensa de los derechos humanos las califican de expulsiones forzosas.
Los que acceden a marcharse reciben 300 euros y otros 100 por cada hijo.
