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Piden no aplicar decreto que prescribe delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2003

En Perú, los opositores a la norma legislativa argumentan que se trata de una "amnistía encubierta" que podría beneficiar incluso al ex Presidente Alberto Fujimori.

03 de Septiembre de 2010 | 10:48 | DPA
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El decreto permitiría al ex Presidente Alberto Fujimori impugnar la condena de 25 años de cárcel que se le impuso como autor mediato de dos masacres en 1991 y 1992.

AFP
LIMA.- Familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos en Perú pidieron hoy que la Justicia no aplique un decreto legislativo que fue expedido el pasado miércoles por el Gobierno y que, según expertos, apunta a favorecer a los autores de ese tipo de delitos.

"Es una norma diabólica. Espero que los jueces la rechacen", dijo Orlando Barreto, padre de la agente de inteligencia Mariela Barreto, asesinada aparentemente por compañeros en 1997 y cuyo caso está actualmente en proceso.

Barreto hizo el pedido en momentos en que, según versiones de prensa, varios de los acusados por la muerte de su hija se alistan para pedir su excarcelación al amparo del decreto, que señala que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad rige a partir de noviembre de 2003, cuando el Perú se adhirió al acuerdo internacional sobre el tema.

Según el diario "La República", todo indica que el coronel en retiro del Ejército Carlos Sánchez Noriega, uno de los procesados por el asesinato de Barreto, será el primero en acudir a los tribunales para pedir que se declare prescrito el caso.

El decreto legislativo expedido por el Ejecutivo sin mayor ruido ni explicaciones activó las alarmas de grupos defensores de los derechos humanos, de abogados y organizaciones especializados en el tema, que lo han descrito como una amnistía encubierta.

"Hay casos emblemáticos que van a ser cerrados", dijo la abogada de la Asociación Proderechos Humanos Gloria Cano, defensora de deudos en varios procesos.

Según los expertos, entre los potenciales beneficiados por los decretos están el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y los máximos jefes operativos del grupo Colina- destacamento militar del que se probó que cometió varios asesinatos en la década de 1990-, los mayores en retiro Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilinge.

Pero, además, advierten los abogados, el decreto puede favorecer al ex Presidente Alberto Fujimori, quien a su amparo podría impugnar la condena de 25 años de cárcel que se le impuso como autor mediato de dos masacres en las que murieron 25 personas en 1991 y 1992.

"Se le está haciendo un inmenso favor a Fujimori (pues) llega en perfectas condiciones para que el TC (Tribunal Constitucional) cuestione la sentencia y eventualmente declare la nulidad del proceso", dijo Carlos Rivera, uno de los abogados de la parte civil en el juicio al ex Mandatario.

Para Rivera y colegas suyos, el decreto, cuyo impulso es atribuido por algunas fuentes al ministro de Defensa, Rafael Rey, confirma la supuesta alianza entre el actual gobierno y el fujimorismo en busca de la impunidad.

En ese marco, los deudos y los abogados expresaron esperanza en que los encargados de la administración de justicia declaren inaplicable el decreto, tal como lo hicieron en 1995 la jueza Antonia Saquicuray y la fiscal Ana Cecilia Magallanes, quienes, en decisiones que pasaron a la historia, se negaron a reconocer una posteriormente derogada ley de amnistía.
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