LA PAZ.- Indígenas quechuas de una remota región de Bolivia conminaron al gobierno de Evo Morales a poner en libertad a un sospechoso del asesinato de cuatro policías y anunciaron que lo liberarán por sus medios si las autoridades no atienden su pedido.
Líderes de aldeas quechuas entregaron a Morales una resolución de sus comunidades en la que piden la renuncia y la salida de fiscales de la zona y exigen la liberación del detenido.
"Si entran los fiscales o policías a nuestro territorio, así sea camuflados de civiles, van a sufrir las consecuencias", advirtió el miércoles el dirigente de los originarios de Potosí, al sur del país, Boris Colque.
La semana pasada, la policía detuvo en una localidad vecina a las aldeas quechuas a un sospechoso de haber participado en el linchamiento de cuatro policías a finales de mayo, y lo envió a una cárcel en la sureña ciudad de Potosí, donde afrontará un juicio por asesinato, dijo el fiscal Sandro Fuertes.
"Si no le ponen el libertad nos iremos todos a Potosí", acotó Colque.
Los cuatro policías de rango inferior habían ingresado a la comarca a investigar el robo de dos vehículos, pero fueron emboscados y linchados por indígenas que los confundieron con ladrones.
Tuvo que intervenir el Defensor del Pueblo para que los nativos devolvieran los cadáveres de sus víctimas. En esas aldeas no hay presencia policial debido al clima hostil.
"No podemos aceptar ninguna amenaza. Si ellos quieren poner en libertad a la fuerza a una persona, haremos uso de la fuerza pública", dijo el fiscal Fuertes.
Agregó que las investigaciones no se detendrán. La zona es conocida por las autoridades como trasiego del contrabando de vehículos desde Chile y de cocaína boliviana hacia ese país.
En zonas rurales y barriadas donde hay poca presencia policial, son frecuentes los linchamientos de supuestos delincuentes a nombre de la "justicia comunitaria".
La "justicia indígena" ha sido incorporada a la nueva Constitución, que la define como la aplicación de valores y costumbres para resolver litigios en comunidades rurales, pero no reconoce la pena de muerte.
