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Coalición de ONG pide solidaridad internacional con colombiana Piedad Córdoba

La gestión de paz que ha realizado la congresista y su labor humanitaria deben ser respaldadas, consideró la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc) en una declaración divulgada en Bogotá.

29 de Septiembre de 2010 | 22:44 | EFE

BOGOTÁ.- Una coalición de organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales de Colombia reclamó hoy la solidaridad de sus pares internacionales con la senadora Piedad Córdoba, destituida e inhabilitada por supuestamente colaborar con las rebeldes FARC.


La gestión de paz que ha realizado la congresista y su labor humanitaria deben ser respaldadas, consideró la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc) en una declaración divulgada en Bogotá.


La Comosoc también invitó a sus similares en el exterior a que exijan a las autoridades de Colombia que "actúen en derecho, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia".


Asimismo, a que pidan a estas autoridades que "no sigan utilizando pruebas falsas y amañadas contra líderes políticos y sociales de oposición".


En la nota, esta coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG) rechazó la decisión del procurador general, Alejandro Ordóñez, de destituir a la congresista opositora y de inhabilitarla durante 18 años para el ejercicio de cargos públicos.


Ordóñez la adoptó el pasado lunes, dentro de una causa disciplinaria contra Córdoba, a quien este funcionario procesó por su supuesta colaboración y promoción de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).


"Este fallo disciplinario, sin antecedentes en Colombia, evidencia una vez más la existencia de una política encaminada a criminalizar líderes sociales y políticos de oposición impulsada desde sectores muy poderosos del Establecimiento, que actúan desde las diversas ramas del poder público", enfatizó la Comosoc.


La misma fuente observó que el caso de Córdoba se asemeja al de varios de tipo penal seguidos contra sindicalistas, defensores de los derechos humanos y líderes de víctimas de los paramilitares.


Es una política que en otros casos ha llevado al asesinato sistemático en colectivos, como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (noroeste), conformada por antiguos desplazados, aseguró la coalición.


Un total de 165 miembros de este asentamiento han sido asesinados desde 1997, cuando los desarraigados que la componen se declararon neutrales ante el conflicto armado interno.

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