Los patrullajes militares han continuado esta jornada en Quito.
Reuters
QUITO.- Ecuador se dispone a adoptar la ley que desató una rebelión policial el jueves, acto denunciado por el presidente Rafael Correa como intento de golpe de Estado, al vencer hoy el plazo para que el Congreso reconsidere la eliminación de prestaciones a policías y militares.
Mientras tanto, la presencia policial en las calles hoy seguía siendo parcial y mañana quedaría normalizada en todas las áreas de la institución de 42.000 efectivos, dijo a la AFP el ministro de Seguridad, Miguel Carvajal.
La insurrección dejaba diez muertos y 274 heridos, tras fallecer la noche del sábado un militar que participó en el rescate de Correa de manos de agentes que exigían derogar la ley que busca reducir la burocracia.
El plazo para que los reclamos de los sublevados fueran tratados por el Congreso vencerá a la medianoche de este domingo y no se convocará a una sesión para reconsiderarlos, señaló a la AFP la presidenta encargada de la Asamblea, Irina Cabezas.
"No he convocado a ninguna reunión este fin de semana", indicó la congresista, por lo que la ley entrará en vigencia sin cambio alguno.
Cabezas explicó que por ello la ley del gobierno socialista, que abarca a todo el sector público, entrará en vigencia el lunes y comenzará a aplicarse una vez se publique en el registro oficial, sin que haga falta la firma de Correa.
El mandatario había advertido, tras conjurarse la revuelta, que no cedería a retirar la iniciativa que eliminó bonificaciones por ascensos, años de servicio, condecoraciones, aniversarios y regalos navideños.
La asambleísta recordó que la ley puede ser reformada en el futuro, pero que la mayoría oficialista de Alianza País -el partido de Correa- "no lo tiene previsto".
Cabezas abrió la posibilidad de discutir los aspectos polémicos en medio de la rebelión, pero según ella la cerró al no cumplirse su exigencia de que Correa fuera liberado.
El mandatario fue rescatado por grupos élite del Ejército y la Policía que se mantuvieron leales, durante una operación de asalto en un hospital en el que se refugió tras ser agredido por sublevados cuando intentaba aplacar el motín en el principal regimiento de Quito.
Correa denunció el hecho como una tentativa de golpe de Estado y asesinato por parte de sectores próximos al ex presidente y coronel en retiro Lucio Gutiérrez, derrocado en 2005 y quien negó esa acusación.
Por esos hechos, la justicia inició el sábado un proceso contra tres coroneles de la Policía, quienes se encuentran en libertad condicional.
La titular de la Asamblea consideró que los recortes económicos se verán compensados por el aumento salarial del 80% que han recibido los policías durante los casi cuatro años del gobierno de Correa, y disposiciones de la ley que prevén "compensar los atributos y méritos que sigue teniendo la fuerza pública".
Un policía raso en Ecuador gana 792 dólares, por encima del salario mínimo de 240 dólares. Entretanto, el ministro de Seguridad informó que desde el sábado "ha habido poca presencia" policial en las calles del país, pero que "se está normalizando con el paso de las horas y se espera que este lunes sea normal".
Carvajal explicó que esa merma se debe, en parte, a "cambios administrativos y de comandantes de grupos" por la insurrección, a raíz de la cual el canciller Ricardo Patiño llamó a los simpatizantes del gobierno a organizarse aduciendo que la amenaza de golpe sigue latente.
El ministro de Seguridad agregó que el estado de excepción, vigente desde el jueves cuando se desató la revuelta, "se mantiene hasta el martes en principio", por lo que los militares continuarán ejerciendo las funciones de la Policía en cuanto al "control y el orden público".
