QUITO.- El abogado Patricio Armijos, defensor de medio centenar de policías acusados de la insurrección que conmocionó a Ecuador la semana pasada, acusó a las autoridades de ese país de emprender "una cacería de brujas" en contra de los uniformados.
"Aquí lo que se está haciendo es una cacería de brujas. Existen unos videos, pero no hay certeza de quiénes estaban en actitud pacífica y quiénes no. Es una barbaridad: de tres a seis años (serían encarcelados) quienes portaban armas y de uno a tres quienes no portaban", remarcó el profesional a la red de televisión Ecuavisa.
En respuesta, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, aseveró que "no a todos se les ha dictado orden de prisión preventiva y a un grupo se le ha sustituido la medida cautelar, lo cual es conveniente porque esto no es una persecución política, no estamos con ánimos de venganza, ni revanchismo, sino con ánimo de que simplemente se cumpla la ley y que retorne la paz a los cuarteles".
El abogado Armijos, por su parte, aseguró que al formular cargos la Fiscalía llevó a cabo una audiencia "plagada de una serie de inexactitudes, con meras suposiciones".
"Se presentaron videos totalmente oscuros, que no tienen relación con el supuesto delito que acusa el fiscal, el de rebelión", afirmó, llamando de paso a todos los ecuatorianos a que exijan "que se respete la seguridad jurídica y el debido proceso".
Un total de 12 miembros de tropa, un oficial de la policía y un mayor retirado del ejército se encuentran detenidos como presuntos implicados en la sublevación policial ocurrida el 30 de septiembre pasado.
El alzamiento dejó siete muertos, 200 heridos y 260 policías sospechosos de la insurrección, aparte de media docena de civiles.
Ese día, Correa fue al principal cuartel policial de Quito para apaciguar a un grupo de agentes que protestaba por la eliminación de beneficios económicos, pero la situación degeneró en agresiones al Mandatario, que huyó a un hospital cercano en el cual quedó retenido y del que fue rescatado tras un operativo militar. A juicio del Gobierno, se trató de un intento de golpe de Estado.