Afganistán quiere acabar con empresas de seguridad que colaboran con la OTAN

KABUL.- El Presidente afgano, Hamid Karzai, expresó hoy su firme determinación por acabar con las empresas privadas de seguridad que están operando en Afganistán, en colaboración con la fuerza internacional de la OTAN.

En un comunicado presidencial, Karzai dijo: "Las compañías de seguridad privadas generan estructuras paralelas de poder en Afganistán en su acción de dar seguridad, además de crear inestabilidad".

Entre los asistentes al discurso, cuyo comunicado fue difundido después, estaban los embajadores alemán, británico y estadounidense, el general en jefe de las tropas de la OTAN en el país, David Petraeus, y el enviado especial de la ONU.

Ante la comitiva declaró que "el gobierno afgano permanece firme en su promesa a los ciudadanos de disolver las empresas (de seguridad)".

El Presidente Karzai ha estado últimamente bajo una gran presión de los países occidentales desde que en agosto pasado anunciara su intención de disolver las agencias de mercenarios que operan en el país antes de fin de año. La única concesión hecha al respecto fue permitir la permanencia de aquellas empresas que protegen las bases militares de la OTAN y las embajadas.

La coalición internacional, a su vez, amenazó con cancelar parte de sus proyectos alegando que su personal estaría en peligro si no se permitía su protección a través de firmas privadas de seguridad. Karzai respondió hoy, como gesto de apertura, que estudiará una lista de lugares y proyectos para los que la fuerza internacional necesitara protección con tales agentes.

Así, el general Josef Blotz, portavoz de la Alianza Atlántica en Afganistán, afirmó hoy a la prensa que la OTAN comparte las preocupaciones de Karzai y que apoya su decisión: "En cualquier caso, la cuestión es que tenemos que hablar de forma prudente y razonable para desarrollar el decreto (de prohibición)".

Al menos ocho firmas de seguridad privadas, incluyendo algunas internacionales, han cesado ya sus operaciones desde que se promulgó el edicto.

Algunos funcionarios afganos acusan a varias de estas firmas de haber participado en operaciones del crimen organizado, tales como raptos y robos a mano armada, así como de haber disparado contra civiles inocentes.

Según los cálculos de Kabul, cerca de 40.000 agentes que trabajan para 52 empresas de mercenarios han sido ya autorizados por el Ministerio del Interior, desde que entró en funcionamiento la prohibición.

El desmantelamiento de estas firmas es visto como un gran problema en un momento en el que la insurgencia talibán está cobrando fuerza, a pesar de los 150.000 soldados de las fuerzas aliadas que hay en el país.