SAO PAULO.- El Ministerio Público de Sao Paulo denunció ante la Justicia brasileña a cuatro militares retirados, que son responsabilizados de las muertes o desapariciones de seis presos políticos y de torturas a otros 19, entre ellos la actual Presidenta electa, Dilma Rousseff, durante la dictadura.
En la denuncia, la Fiscalía pide que la Justicia obligue a los cuatro acusados, tres ex miembros de las Fuerzas Armadas y un ex integrante de la policía militarizada de Sao Paulo, a "indemnizar a la sociedad" y a ayudar al Estado a pagar reparaciones financieras a las familias de los seis muertos.
El texto del Ministerio Público, cuyo tenor fue divulgado este jueves por el portal brasileño "G1", apunta que, pese a que no permite juicios criminales a los acusados de crímenes políticos durante la dictadura (1964-1985), la Ley de Amnistía sí permite identificar y responsabilizar en procesos civiles a los responsables de torturas y asesinatos.
Los cuatro militares retirados mencionados en la denuncia habrían participado en la llamada Operación Bandeirantes (Oban) de represión a disidentes políticos, que ocurrió en Sao Paulo entre 1969 y 1970.
Entre los presos en estas acciones está la Presidenta electa Rousseff, quien integraba la organización izquierdista Colina, y que fue arrestada en 1970, fue sometida a torturas y permaneció presa por casi tres años, antes de ser liberada por la Justicia Militar.
En su petición a la Justicia, el Ministerio Público pide además que el Estado brasileño y la gobernación de Sao Paulo presenten disculpas públicas por los abusos y vuelvan públicas todas las informaciones sobre las actividades de represión política realizadas durante la Oban.
