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Santiago: Domingo 14 de diciembre del 2025 | Actualizado 01:55
LA PAZ.- Los obispos católicos de Bolivia lamentaron la "falta de un diálogo sincero" entre el gobierno y los grupos sociales, y expresaron temor de que en el país "se instaure una democracia puramente formal, sin valores y principios éticos".
Esas reflexiones fueron planteadas en un documento en la asamblea anual de obispos, cuyas deliberaciones finalizarán el fin de semana.
La reunión comenzó en la víspera con una visita de algunos obispos al Presidente Evo Morales en una clínica de la ciudad de Cochabamba, donde el Mandatario se recupera de una operación en la rodilla izquierda.
"Es motivo de preocupación que el actual proceso de dar un nuevo rostro y una nueva composición a la patria se esté dando en un clima de desconcierto, por la falta de claridad y transparencia en indicar las metas que, a veces, parecen ocultar otras intenciones, por la ausencia de un diálogo sincero, por un lenguaje que alimenta desencuentros entre sectores y regiones", dice el documento episcopal.
Los obispos también alertaron por el crecimiento del narcotráfico. La posición de los obispos fue refutada por legisladores oficialistas. El senador Eugenio Rojas dijo que el pronunciamiento viene de un sector de la iglesia católica que hace coro a la derecha.
"Ellos deben trabajar por buscar la igualdad y ayudar a erradicar la pobreza y no entrometerse en temas políticos", dijo el legislador.
El gobierno de Morales y los obispos católicos mantienen desde hace tiempo una abierta confrontación verbal. El mandatario ha dicho varias veces que los cuestionamientos vienen de los "jerarcas" de la Iglesia Católica y recientemente el vicepresidente Álvaro García recomendó a los obispos no inmiscuirse en política sino abocarse a los asuntos espirituales.
La más reciente tensión fue motivada por una ley contra el racismo y la discriminación promulgada hace poco, y que permite el cierre de medios. Ello motivó movilizaciones y reclamos de los gremios de la prensa que han dicho que no se oponen a castigar la discriminación, pero que temen que la norma sea mal utilizada para acallar voces disidentes al Gobierno.
