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Santiago: Domingo 14 de diciembre del 2025 | Actualizado 01:55
SAN JOSÉ.- El Ministerio Público (Fiscalía) de Costa Rica analizará nuevas pruebas para decidir si abre una causa contra el ex Presidente Oscar Arias y otros ex funcionarios, por los permisos otorgados a una mina de capital canadiense, anunció este jueves el fiscal general, Jorge Chavarría.
El fiscal reaccionó así al pedido del Tribunal Contencioso Administrativo, que el miércoles ordenó cancelar la concesión a la empresa canadiense Infinito Gold, que pretende explotar oro en la mina Las Crucitas de Cutris, en el norte del país, y pidió a la Fiscalía que analice abrir un proceso contra Arias (2006-2010), el que fue su ministro de Ambiente, Roberto Dobles, y seis funcionarios técnicos.
"Vamos a coordinar con el tribunal para analizar no solo el contenido de la sentencia, aunque no esté firme, sino también la prueba adicional que ellos recibieron para ver nosotros si hay un delito no conocido, un delito nuevo, o bien si se refuerzan las investigaciones que ya se están haciendo", declaró Chavarría a la prensa.
Arias y Dobles suscribieron, en 2008, un decreto que declaró el proyecto minero de interés nacional, tras lo cual la empresa taló unas 50 hectáreas de bosque considerado de alto valor ecológico.
El Ministerio Público había abierto en julio pasado una investigación contra Arias y Dobles a pedido de organizaciones ecologistas, que los señalan como los principales responsables de activar el proyecto minero, pero no ha presentado cargos contra ellos.
"Lo conveniente es no separar las causas, más bien mantenerlas en conjunto para que el fiscal tenga una visión completa y pueda respaldarse también entre los diferentes elementos de prueba que son aportados por cada investigación particular", indicó Chavarría.
El fiscal explicó que también se podría ampliar las pesquisas a otras personas que no están incluidas en la investigación en curso.
De prosperar la acción, el ex gobernante y Premio Nobel de la Paz, y los demás funcionarios podrían ser procesados por el delito de prevaricato, que tiene una sanción de dos a seis años de prisión.
