Fiscalía española pedirá hasta 8 años de cárcel para controladores que paralizaron

ZARAGOZA.- El fiscal general del Estado español, Cándido Conde-Pumpido, anunció este jueves que se propondrán penas de hasta ocho años de prisión por un presunto delito de sedición para los controladores aéreos que el viernes pasado abandonaron sus puestos de trabajo.

Los hechos protagonizados por los controladores, que causaron el cierre del espacio aéreo hispano y llevaron al Gobierno a decretar el "estado de alarma", suponen un delito "muy grave" sancionado con penas de entre tres y ocho años de prisión, dijo Conde-Pumpido antes presidir una reunión de la Junta de Fiscales en la ciudad de Zaragoza.

A juicio del fiscal general, el conflicto protagonizado por los controladores no es un problema laboral, porque no se han utilizado los cauces previstos en estos casos, sino que se ha producido un abandono del puesto de trabajo "premeditado", "concertado" y "colectivo", con un grave daño para los ciudadanos y para España.

Conde-Pumpido confirmó que hay más de 20 diligencias abiertas en toda España y más de 400 personas responsables de estos hechos a los que se exigirá la correspondiente responsabilidad.

El Gobierno decretó el pasado sábado el "estado de alarma", por primera vez en la España democrática, después de que los controladores aéreos abandonaran masivamente el viernes por la tarde sus puestos de trabajo sin previo aviso, después de que el Ejecutivo aprobara una nueva reglamentación de sus horarios laborales.

El plante de los controladores obligó al cierre del espacio aéreo español y causó un gran caos en los aeropuertos, con 600.000 personas afectadas al comienzo de uno de los principales "puentes" festivos en España.

El Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió que el "estado de alarma" declarado en el país es una "medida proporcionada" ante el plante masivo de los controladores que sumió en el caos a los aeropuertos, que él definió como "una afrenta al orden público constitucional".