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Santiago: Domingo 14 de diciembre del 2025 | Actualizado 01:55
BUENOS AIRES.- La nueva ministra de Seguridad de Argentina, Nilda Garré, renovó la cúpula de la Policía Federal y pasó a retiro a una decena de comisarios.
Garré, que asumió el pasado miércoles la nueva cartera, aceptó las renuncias al jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, y al subjefe, Jorge Humberto Oriolo.
En sus lugares designó a los comisarios mayores Enrique Rubén Capdevilla y Alejandro Eduardo Di Nizo, respectivamente, informó el Gobierno argentino en su sitio web.
Capdevilla, de 56 años, se desempeñaba hasta ayer, jueves, como jefe de la Dirección General de Orden Urbano, mientras que Di Nizo, de 54 años, estaba a cargo del área de coordinación internacional de la Policía.
La Presidenta trasandina, Cristina Fernández, decidió que Garré, que desde 2005 era ministra de Defensa, quedara al frente de las fuerzas de seguridad, que se vieron envueltas en los violentos choques protagonizados la semana pasada en el Parque Indoamericano, del barrio porteño de Villa Soldati, cuando permanecía ocupado por 13 mil personas, muchas de ellos inmigrantes.
Tres personas -dos bolivianos y un paraguayo- murieron en esos incidentes y aún la Justicia investiga si uno de ellos fue víctima de la represión policial.
El parque fue desocupado voluntariamente el miércoles, pero una decena de otros espacios públicos en la ciudad y su periferia permanecen tomados por indigentes.
"La represión no es el camino para resolver estas situaciones. Esos temas se van a resolver con madurez, con reflexión y con diálogo. Vamos a ir gradualmente tranquilizando a la gente, garantizando la seguridad", señaló Garré en una clara señal de que evitará recurrir a la represión policial para resolver este tipo de conflictos.
La ministra, abogada de profesión, también debe afrontar las reclamaciones de la población por la inseguridad, situada entre las principales demandas en las grandes urbes argentinas, lo cual quedó reflejado en los últimos años en una innumerable cantidad de marchas y manifestaciones en repudio a hechos perpetrados por delincuentes.
La ausencia de estadísticas en el área ha motivado además varias disputas políticas entre el Gobierno de Fernández y la oposición, que ha advertido sobre el crecimiento de la delincuencia.
