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Santiago: Miércoles 24 de abril del 2024 | Actualizado 01:12
CARACAS.- A menos de dos semanas de que asumiera su nuevo cargo, el diputado electo, José Sánchez Montiel, fue condenado a 19 años de cárcel acusado de complicidad en el asesinato de un funcionario de inteligencia militar, mientras opositores rechazaron la sentencia asegurando que en ese caso se violó el debido proceso y la inmunidad parlamentaria.
La Fiscalía General dijo el jueves en un comunicado que un tribunal local condenó a Sánchez Montiel a 19 años de prisión por los delitos de “homicidio intencional” y “privación ilegítima de libertad”, ambos en grado de “cómplice necesario”, en el caso del funcionario de inteligencia militar, Claudio Macías, muerto en agosto del 2007.
Adicionalmente, a Sánchez Montiel, ex secretario de Defensa y Seguridad Ciudadana del estado occidental del Zulia, se le acusó por el delito de “quebrantamiento de pactos y tratados internacionales”.
Macías fue detenido por la policía en un taller mecánico de la ciudad de Maracaibo, bajo el alegato de supuesta amenaza y uso indebido de arma de fuego, y posteriormente fue encontrado muerto en una cárcel de esa ciudad.
“Los resultados arrojados por la autopsia efectuada al cuerpo del funcionario de inteligencia militar, evidenciaron signos de violencia, atípicos de una muerte por ahorcamiento”, agrega el comunicado de la Fiscalía.
Sánchez Montiel, quien asegura que es inocente, fue electo diputado por el bloque opositor en los comicios legislativos del pasado 26 de septiembre mientras permanecía detenido a la espera de sentencia.
Los opositores consideran a Sánchez Montiel un “preso político”, y aseguran que fue detenido injustamente en el 2007 en represalia por ser un estrecho colaborador del ex gobernador del Zulia y ex candidato presidencial opositor, Manuel Rosales, quien se encuentra asilado en Perú.
La coalición opositora postuló a Sánchez Montiel junto con otros “presos políticos” para que de ser electos obtuvieran la inmunidad parlamentaria y la libertad.
La diputada electa al Parlamento Latinoamericano, Delsa Solórzano, indicó que en el caso de Sánchez Montiel se incurrió en “violación del debido proceso”, y “desconocimiento” de la Constitución en lo relativo a la inmunidad parlamentaria.
El presidente, los diputados, y demás funcionarios de elección popular gozan del beneficio de inmunidad que los protege de cualquier enjuiciamiento o detención, y deja en manos del Tribunal Supremo de Justicia el levantamiento de la protección constitucional.
Solórzano denunció en un comunicado que en el juicio del comisario se utilizó el testimonio de un hombre “que se presentó con el rostro cubierto”.
La legislación prevé que una persona que tenga sentencia firme no puede de ser diputado.
De ser ratificada por un tribunal superior la sentencia contra Sánchez Montiel quedará inhabilitado para asumir su curul el 5 de enero, y el cargo deberá ser asumido por su suplente.
