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Destituyen a fiscal y secretario de Seguridad de Guerrero por muertes en marcha en México

La represión ocurrió en una carretera que era bloqueada por estudiantes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de ese país investiga el incidente.

14 de Diciembre de 2011 | 01:06 | AFP
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Un supuesto policía de civil apunta con un fusil de asalto a los estudiantes durante la sangrienta represión de la protesta.

EFE
CHILPANCINGO.- El fiscal y el secretario de  Seguridad Pública del estado de Guerrero, al sur de México, fueron destituidos un día después de la violenta represión de una protesta estudiantil en la que murieron dos jóvenes, informó el gobierno.

El gobernador, Ángel Aguirre, destituyó al procurador de  Justicia, Alberto López; al secretario de Seguridad Pública, Ramón  Almonte, y al subsecretario de esa dependencia, Ramón Arreola, mientras continúan las críticas por la acción policial.

El operativo contra la manifestación ocurrió en la carretera a Acapulco. Además de las dos muertes, otros 15 jóvenes permanecían supuestamente desaparecidos, según familiares.

Autoridades de Guerrero afirmaron el lunes que la policía fue enviada sin  armas a levantar el bloqueo que hacían los estudiantes cerca de Chilpancingo, la capital estatal, sobre la concurrida autopista del Sol, que lleva al puerto de Acapulco.

La afirmación generó un intercambio de acusaciones entre la Policía  Federal y la estatal.

Los medios locales publicaron fotos y divulgaron las imagenes que muestran a uniformados y hombres vestidos de civil juntos, apuntando armas hacia los  cerca de 600 manifestantes que pedían más cupos para una escuela rural de profesores.

Previamente, algunos de los participantes en la protesta lanzaron bombas incendiarias.

Durante la noche del martes quedó libre el último detenido, Gerardo Torres, quien aseguró a la prensa que fue torturado.

El ahora ex fiscal de  Guerrero había intentado desacreditar la manifestación y afirmó que se habían incautado ocho granadas a los estudiantes, lo que no fue comprobado.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México inició una investigación de oficio por la muerte de los jóvenes, mientras se multiplicaban las marchas de repudio a la represión policial.
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