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Santiago: Domingo 22 de febrero del 2026 | Actualizado 18:15
MADRID.- El juez Baltasar Garzón comparece hoy ante el Tribunal Supremo español, en esta ocasión por un presunto delito de prevaricación por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil española (1936-39) y el franquismo (1939-75).
La causa, que es la segunda a la que se enfrenta Garzón, ha movilizado a juristas internacionales y organizaciones de derechos humanos en apoyo del juez.
La plataforma "Solidarios con Garzón" volvió a convocar una concentración frente al Tribunal Supremo poco antes de que comience la vista y por la tarde trasladarán a la céntrica Puerta del Sol su protesta para denunciar lo que consideran una "persecución política".
Representantes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch asistirán como "observadores" al juicio, porque creen que la decisión del Supremo incidirá sobre otros procesos relacionados con la persecución de delitos de jurisdicción universal, en la que España fue pionera gracias a Garzón.
El magistrado, que la semana pasada fue juzgado en el Supremo por ordenar escuchas en una trama de corrupción, se enfrenta desde hoy a una petición de 20 años de inhabilitación que plantea la acusación popular, el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.
No está previsto que Garzón declare hasta el próximo día 31 y después lo harán una veintena de testigos propuestos por la defensa, entre los que no estarán, sin embargo, algunos de los que el abogado del juez, Gonzalo Martínez-Fresneda, consideró claves para probar su inocencia.
El Supremo rechazó que declararan los tres jueces de la Audiencia Nacional que respaldaron la decisión de Garzón de declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
También fueron rechazados los testimonios de personalidades jurídicas internacionales solicitadas por la defensa, entre ellas la ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia Carla del Ponte; el juez chileno Juan Guzmán, que en 1999 procesó a Augusto Pinochet; y el juez argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Los hechos por los que el juez está encausado se remontan a octubre de 2008, cuando se declaró competente para investigar las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante el franquismo y autorizó la apertura de 19 fosas en toda España, entre ellas la que se suponía albergaba los restos del poeta Federico García Lorca.
La investigación no avanzó mucho, porque el 28 de noviembre de ese mismo año la sala de lo penal de la Audiencia Nacional estimó el recurso de la Fiscalía y consideró que Garzón carecía de competencia para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
El Tribunal Supremo español, posteriormente, admitió a trámite varias querellas por prevaricación presentadas por organizaciones derechistas alegando que cuando Garzón se declaró competente ya sabía que no lo era.
