LIMA.- La Policía de Perú seguía este domingo sin dar con el paradero del dueño del centro de rehabilitación de drogadictos en el que se declaró el sábado un incendio que dejó 27 muertos en Lima, quien optó por la clandestinidad pese a que entre los fallecidos tiene un hijo.
Raúl García, anticiparon expertos, podría estar incurso sólo en el delito de exposición de personas al peligro, lo que le daría una pena máxima de ocho años de cárcel, reducida en la práctica a poco más de dos años por beneficios penitenciarios.
García, de quien se ignora su formación académica, había reabierto clandestinamente su centro Dios es Amor semanas atrás, después de que la alcaldía del populoso distrito limeño San Juan de Lurigancho se lo cerrara dos veces por falta de condiciones.
Los 70 pacientes de Dios es Amor, de entre 13 y 68 años, estaban allí contra su voluntad, obligados por la familia y cercados por rejas. Dos hijos drogadictos del dueño también estaban internados.
El incendio se desató cuando uno de los pacientes, que había sido llevado en la víspera pero había estado antes en el lugar, lideró un intento de fuga que incluía quemar colchones para sembrar caos.
Los frustrados fugitivos no lograron abrir las rejas y perdieron el control sobre el fuego y en especial sobre el humo, que fue matando a los internos por asfixia. Además, las llaves con que se podía abrir desde el exterior no funcionaron porque las cerraduras se dañaron con los golpes que recibieron en el intento de fuga.
Los bomberos tuvieron tanta dificultad para abrir las rejas que optaron por abrir huecos para entrar por las paredes. Eso generó gran pérdida de tiempo y aumentó la dimensión de la tragedia.
Al entrar, los bomberos encontraron 22 cadavéres y 12 hombres que necesitaban atención urgente. Cinco de éstos murieron en el hospital o en camino. Los fallecidos tenían entre 19 y 58 años.
Otros 36 internos, que estaban en el segundo piso por ser considerados menos peligrosos, salieron ilesos porque las llamas no alcanzaron la planta alta y el humo no copó el ambiente. Entre éstos había dos niños de 13 años y un adolescente de 16.
García, que dice pertenecer a un grupo evangélico y practicaba "terapias bíblicas" basadas en la oración, les cobraba a las familias por lo menos 40 soles mensuales (unos 15 dólares).
Algunos testigos dicen que García, a quien los internos llamaban "hermano Raúl", sometía a los pacientes a otros atropellos, pero eso es negado por los sobrevivientes.
En Perú, particularmente en Lima, operan en forma clandestina varios supuestos centros de rehabilitación dirigidos por evangélicos. Muchos dueños son también adictos y carecen de capacitación para tratar el problema.