Los diputados asisten al inicio de la sesión para debatir el proyecto de ley que establece la expropiación del 51 por ciento de las acciones de la empresa española Repsol en la petrolera YPF.
EFEBUENOS AIRES.- La Cámara de Diputados de Argentina reanudó este jueves la sesión para la aprobación definitiva del proyecto de ley de expropiación de la petrolera YPF al grupo español Repsol, respaldado por el oficialismo y sectores de la oposición.
Los legisladores afines al Gobierno de Cristina Fernández dan por descontado que lograrán la sanción de la iniciativa después de una sesión de dos días, iniciada ayer miércoles, tras el contundente apoyo que obtuvo en el Senado.
Después de interrumpir anoche el maratoniano debate, los diputados retomaron hoy la discusión del proyecto que establece la expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol en YPF y de la empresa YPF Gas, también del grupo español.
Fuentes parlamentarias estimaron que el debate se extenderá durante al menos unas diez horas.
"Creemos que vamos a tener el respaldo de alrededor de 200 diputados (de un total de 257). No sé qué puede pasar hacia el interior de algunos bloques que han tenido posiciones duales, pero el consenso es muy alto", declaró este jueves el jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi.
Para el legislador, el primer día del debate fue "productivo" porque, consideró, "estuvieron más presentes los argumentos que las chicanas" entre legisladores de diferente signo político.
La discusión en el recinto transcurrió este miércoles con una intensa polémica entre el oficialismo y la oposición, que apoyará mayoritariamente la expropiación pero que quiere marcar distancias con la gestión del Gobierno de Fernández.
Tal como ocurrió en el Senado, el proyecto contará en el Parlamento con el rechazo de la conservadora Propuesta Republicana (PRO) y de varios diputados del peronismo disidente, mientras se espera que un sector de la Unión Cívica Radical abandone el recinto durante la votación.
La iniciativa enviada el pasado 16 de abril al Congreso por Cristina Fernández, quien también dispuso la intervención de la petrolera, declara de interés público la soberanía hidrocarburífera del país.
