BUENOS AIRES.- Un juez argentino dictó el procesamiento de cinco funcionarios de la Cancillería por el presunto fraude cometido en la contratación de equipamientos para la Cumbre Iberoamericana que se desarrolló en 2010 en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.
Entre los procesados por el magistrado federal Ariel Lijo por irregularidades cometidas en una licitación pública de unos 1,5 millones de dólares se encuentra el ex secretario de Coordinación y Cooperación Internacional Hernán Orduna, quien preside actualmente la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), también bajo la órbita de la Cancillería.
La medida judicial también involucra al titular de la Dirección de Compras de la Cancillería, Javier Jaureguiberri; la directora general de Administración de esa cartera, Cecilia Bruno; la exdirectora de Asuntos Jurídicos María Mercedes Buratovich y el funcionario de la Comisión Evaluadora Carlos López Varela.
El juez procesó además a Diego de Elías, de la empresa Punto Baires, y a Carlos Fabián González y Edgardo Pelliza, de la firma AVR, acusados también por presunto fraude en perjuicio de la administración pública.
El magistrado estableció además un embargo de 3.000.000 pesos argentinos (675.600 dólares) para cada uno de los imputados por las irregularidades detectadas en una licitación pública convocada por la Cancillería para la contratación de servicios y equipamientos para la cumbre realizada del 1 al 4 de diciembre de 2010, precisó el Centro de Información Judicial (CIJ).
La Justicia consideró que en la licitación, obtenida por la firma Punto Baires, se cometieron irregularidades ya que, según estableció, existían vinculaciones entre los oferentes para favorecer a la adjudicataria y se pagaron sobreprecios por los equipos utilizados en la cumbre.
Según el CIJ, se habrían llegado a pagar por el arriendo de cada computador personal 6.500 pesos (1.463 dólares), pese a que su valor de mercado es de 2.500 pesos (563 dólares).
"Se demostró que se conformó una maniobra delictiva, llevada a cabo con el objeto de defraudar a la administración pública", con "la actuación de funcionarios públicos que han tenido una incidencia directa en la tramitación de la licitación y que determinaron el cobro de la suma de dinero establecida en la licitación otorgada a Punto Baires", indicó la resolución judicial.
