WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos declaró hoy inconstitucional gran parte de la controvertida ley migratoria del estado de Arizona SB1070.
En fallo dividido (por 5 a 3), la sentencia ratifica que el control de la inmigración es jurisdicción del gobierno federal y niega que sea un aspecto que pueda ser regulado por los estados en forma individual.
No obstante, la disposición estatal que permite que la policía retenga a personas sospechosas de ser inmigrantes en situación ilegal, uno de los aspectos más controvertidos de la legislación, continuará vigente.
El estado de Arizona, en el suroeste del país, defendía la aplicación de la legislación apuntando la necesidad de combatir el gran flujo de inmigrantes indocumentados procedentes de México, ante lo que juzgaba una carencia legislativa de las autoridades nacionales pertinentes.
Este lunes, la Corte Suprema declaró nulo el argumento al subrayar el "incuestionable poder" del gobierno federal sobre el apartado constitucional que rige la inmigración y el estatus de los extranjeros, que permite establecer "una regulación uniforme de naturalización". La Corte bloqueó tres de las cuatro partes de la legislación.
En relación con el controvertido control de sospechosos, el máximo organismo judicial aseguró que observará de cerca el modo en el que Arizona implementa esta disposición.
Si la policía del estado "demora la liberación de detenidos sin tener ningún otro motivo que el de verificar su estatus de migración (...) generará preocupación constitucional", indica la sanción.
La decisión de hoy es una victoria judicial ansiada por el gobierno federal y la administración del Presidente Barack Obama. Sin embargo, el fiscal general de Arizona, Tom Horne, dijo a CNN que la considera un logro para su estado porque dio luz verde a la mayor parte de la legislación.
La ley SB1070 había sido bloqueada por tribunales federales menores en 2010, un día antes de su prevista vigencia. En 2011, su entrada en vigor había sido bloqueada por una corte de apelación que argumentó que sólo el gobierno federal dispone de la autoridad necesaria en materia de inmigración.
