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Santiago: Viernes 26 de abril del 2024 | Actualizado 23:46
BOGOTÁ.- Un juez penal colombiano impuso una condena individual de más de 31 años de prisión a cuatro soldados por los homicidios de tres civiles a los que reportaron como rebeldes muertos en combate, informaron hoy fuentes judiciales en Bogotá.
Los militares pertenecían a la fuerza de tarea conjunta del departamento caribeño de Sucre y fueron implicados en hechos registrados el 6 de julio de 2007 en San Benito Abad, localidad de la misma región.
La Fiscalía General explicó en un comunicado que los soldados informaron entonces de la muerte en un combate de tres extorsionistas que llevaban dos armas de fuego y un lanzagranadas artesanal.
Sin embargo, el fiscal de derechos humanos que siguió la investigación estableció que los tres muertos eran civiles que, como tales, eran personas protegidas por el derecho internacional humanitario.
Los hombres habían sido reclutados bajo engaño para "un supuesto trabajo en una finca algodonera de la región", según concluyó el investigador, que estableció que dos se dedicaban al transporte de pasajeros en bicicletas en la población sucreña de Tolú y el otro era ayudante de construcción en Sincelejo, la capital regional.
La Fiscalía añadió que el investigador también "descartó que la muerte de esas personas se hubiera producido durante choque armado".
Los cuatro fueron condenados por "homicidio en persona protegida, desaparición forzada agravada, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar, peculado por apropiación, fraude procesal y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público".
La decisión la adoptó un juez penal del circuito especializado de Sincelejo, que les impuso a cada uno de ellos la pena de 31 años y cuatro meses de prisión.
El caso hace parte de una práctica conocida en Colombia como "falsos positivos", de muerte de civiles por militares que los reportan como guerrilleros caídos en combate para mostrar resultados ante sus superiores y obtener beneficios.
La Fiscalía ha implicado a cerca de 1.500 uniformados en este tipo de casos, de los que ha documentado unos 2.000.
