Policía y servicios secretos rusos controlarán los procesos electorales

MOSCÚ.- Las fuerzas de seguridad rusas -policía y servicios secretos- serán dotadas de amplias competencias para controlar los procesos y las campañas electorales en el marco de la campaña contra el extremismo y la prevención de conflictos étnicos.

Según publicó hoy el diario ruso "Izvestia", el Gobierno ruso tiene listo un paquete de medidas que permitirá a las fuerzas de seguridad controlar los procesos electorales "para impedir el acceso de representantes de movimientos extremistas a los órganos de poder, incluyendo las campañas electorales", señala Izvestia tras aludir a una fuente del Consejo de Ministros ruso.

La policía y los servicios secretos podrán investigar la actividad de todo tipo de organizaciones sociales, políticas y religiosas e intercambiar información sobre presuntos actos de extremismo político.

El documento preparado por el Ministerio de Regiones prevé la creación de una base de datos unificada que incluirá a los ciudadanos condenados o sancionados por actos relacionados con el extremismo étnico, político o religioso.

La base de datos, que incluiría a las integrantes del grupo punk Pussy Riot condenadas a dos años de prisión por "gamberrismo motivado por odio religioso", deberá estar terminada en tres años, según Izvestia.

El Gobierno también ha previsto movilizar a los ministerios de Interior y Educación, además del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), en el control de la actividad de los movimientos juveniles alternativos.

Las autoridades rusas, con el Presidente Vladimir Putin a la cabeza, no cejan en su empeño de controlar todo movimiento político o social que se sale de lo tolerado por el oficialismo, tal como quedó patente una vez más tras el encarcelamiento de las Pussy Riot.

Así lo demuestran también algunas leyes aprobadas en Rusia tras la vuelta de Putin a la Presidencia después de un paréntesis de cuatro años y tras las multitudinarias manifestaciones ciudadanas que han recorrido el país desde las parlamentarias de diciembre de 2011, calificadas por muchos de fraudulentas.

Antes de que la oposición pudiera reanudar las protestas, Putin promulgó una ley que endurece notablemente las multas contra los que infrinjan las normas durante mítines y marchas de protesta y que, según la oposición, restringe la libertad de manifestación.

Poco después, Rusia aprobó otra ley que obliga a registrarse como "agentes extranjeros" a aquellas ONGs que reciben financiación desde el exterior y participan en la vida política.

Moscú también ha recuperado para el código penal los delitos de calumnia y difamación, una medida que según la oposición coarta la labor de los medios de comunicación.

Otra ley sobre información aprobada recientemente pone su vista en internet y prevé la elaboración de una lista negra de páginas web, lo que algunos ven como un pretexto para perseguir a los portales opositores.