SAO PAULO.- La Comisión de la Verdad instalada por la presidenta Dilma Rousseff sobre los crímenes de la dictadura militar brasileña (1964-1985) anunció hoy que investiga a empresarios que financiaron centros de tortura y afirmó que los dictadores de Brasil fueron "más astutos" que sus pares sudamericanos al evitar dejar rastros sobre una participación activa de la Operación Cóndor, la red represiva del Cono Sur.
"El Plan Cóndor es un pedazo de una red mucho más amplia montada por las Fuerzas Armadas y la cancillería. El Palacio de Itamaraty tenía una red de informaciones sofisticada en las ciudades donde vivían exiliados brasileños, como Santiago, Buenos Aires, Estocolmo y Montevideo", dijo el diplomático Paulo Sergio Pinheiro, miembro de la Comisión de la Verdad.
Pinheiro y otro miembro de la comisión, el ex ministro de Justicia José Carlos Días, trazaron hoy ante corresponsales extranjeros en Sao Paulo los objetivos del ente federal que este año comenzó un informe sobre las violaciones de derechos humanos durante la dictadura que deberá entregarse el 14 de mayo de 2014.
Pinheiro sostuvo que en el marco de la Operación Cóndor, la coordinación de las dictaduras sudamericanas, el régimen de facto brasileño "fue más astuto que los de los vecinos, porque en la mayoría de los documentos no está la firma de Brasil".
"Porque es una estupidez firmar un documento de represión ilegal. Es el Premio Nobel a la estupidez en la categoría dictaduras militares", dijo con ironía. "Fueron astutos -continuó- y los brasileños no dejaron muchas marcas", insistió Pinheiro, que agregó que intercambiará información con Argentina, Chile y Paraguay sobre los casos de la coordinación represiva y que el capítulo del Cóndor es uno de los mejores fundamentados de la Comisión de la Verdad.
Citó el caso de dos argentinos asesinados en una embarcación en la ciudad fronteriza de Foz de Iguazú.
Dias, ex ministro de Justicia de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), adelantó que investigan la creación de empresas fantasma por parte de grupos de empresarios que a través de ellas financiaban en forma privada a los centros de tortura montados por militares y policías, como la Operación Bandeirantes y DOICodi.
"Fueron creadas algunas empresas fantasmas como CIA y Asociación Técnica Empresarial, daban recibo como consultorías a sus propias empresas y ese dinero iba a los centros de tortura. Porque el ejército decidió no torturar más en los cuarteles y en Sao Paulo se abrió un centro de torturas vinculado a la policía En vez de hacerlo en el Ejército, se hacía ahí", comentó Dias, quien no quiso revelar el nombre de las firmas involucrados.
La Comisión de la Verdad no tiene poder de policía ni fuerza para abrir procesos. En el país rige la Ley de Amnistía de 1979 del propio régimen que fue avalada en 2010 por la suprema corte del país.
Para Pinheiro, que preside una comisión de la ONU sobre Siria, "el Estado, el Poder Judicial y la sociedad deberán tener en cuenta el nuevo hecho que surgirá con la apertura de este baúl de huesos", con el informe final de la Comisión de la Verdad y su investigación sobre los crímenes de la dictadura. "Pero no nos cabe proponer nada sobre la Ley de Amnistía", subrayó.
Para Dias, existe un hecho positivo pese a la incapacidad de investigación de la Ley de Amnistía. "Tenemos más tranquilidad, más expectativa para investigar, las personas hablarán sin miedo de ser sancionadas. Serán condenadas por la Historia, tendrán sus nombres execrados, lo que es peor que una condena criminal. El nuestro es un compromiso con la humanidad y con los jóvenes", analizó este ex abogado de unos 400 presos políticos.
Pinheiro por su parte descartó que los jefes de las tres fuerzas armadas se opongan a la investigación, tal como lo había dicho en 2010 el entonces ministro de Defensa, Nelson Jobim, cuando el presidente Luiz Lula da Silva lanzó el plan para la creación de la Comisión de la Verdad.
"Las Fuerzas Armadas están silenciosas, como tienen que estar, no se opusieron, sí lo hicieron los clubes de militares retirados. Estamos buscando archivos, tenemos varios archivos de la inteligencia, del servicio exterior. No creo en Papá Noel ni que los militares hayan quemado los archivos como dicen", afirmó.
Dias agregó por su parte que serán investigados los supuestos responsables de quemar los archivos.
Hasta el momento, según la Comisión de la Verdad, está el registro de 400 personas que están desaparecidas y se investigan otros 170 casos. "No tenemos un número de muertos ni de torturados", dijo sobre el conteo de las víctimas de la represión.
Pinehiro dijo negarse a comparar a Brasil, que 27 años después de la dictadura creó su primera comisión investigadora, con otros países sudamericanos que ya abordaron la investigación del pasado represivo. Recordó que los dictadores brasileños han muerto y evaluó que en términos de derechos humanos todavía "la tortura sigue siendo utilizada hoy por la policía".
"Podemos decir que en Brasil no hay periodistas presos, ninguna radio es cerrada como ocurre en algunos vecinos, organizamos mejores elecciones que otros y el Estado es un colaborador honesto del sistema internacional, el que junto a México más recibió relatores internacionales, pero no quiero entrar en una competencia", dijo Pinheiro.
