Fiscalía colombiana investiga ejecución ilegal de tres mil personas

Los responsables de los delitos serían integrantes del ejército. Hay 1.726 causas en el poder judicial.

BOGOTÁ.- La Fiscalía colombiana investiga actualmente las presuntas ejecuciones extrajudiciales de tres mil personas en los últimos 10 años. Así lo informó el titular de ese organismo, Eduardo Montealegre, en declaraciones divulgadas este domingo por un diario de Bogotá.

"Estamos investigando 1.726 (causas) con 3.000 víctimas directas", precisó Montealegre al diario El Tiempo de Bogotá, al referirse a los procesos contra miembros del Ejército por presuntas ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos".

Según el funcionario, la Fiscalía está determinando "si se trata de delitos de sistema", es decir, si las víctimas obedecen "a un patrón de comportamiento o era una política institucional de graves violaciones a los derechos humanos".

Montealegre explicó que se busca establecer si esa situación hacía parte "de una política o de patrones institucionales de algunos sectores del Ejército", pero advirtió que lo que "sí está claro" es que "no fue una política de Estado".

Indicó que, tomando en cuenta la gran cantidad de víctimas y detenidos de la Fuerza Pública, "el sentido común indica que las muertes de humildes colombianos (...) no son fruto del azar". "Pudo ocurrir que miembros del Ejército adoptaron patrones sistemáticos de ejecuciones extrajudiciales", agregó.

Según el Fiscal, 2.035 miembros del Ejército están siendo procesados por las ejecuciones extrajudiciales de civiles, a quienes posteriormente hacían pasar por miembros de grupos armados ilegales muertos en combate con el objetivo de obtener prebendas como condecoraciones, tiempo de descanso o felicitaciones de sus superiores.

De acuerdo con la Fiscalía, a los civiles, generalmente campesinos o personas de escasos recursos económicos, los engañaban con falsas promesas de trabajo y luego de enviarlos a regiones apartadas de sus lugares de residencia, los ajusticiaban.

El pasado 11 de diciembre el Congreso colombiano aprobó una reforma constitucional que da vida a un nuevo fuero militar que, según el gobierno, permitirá a los miembros de la fuerza pública encarar con menos prevenciones el conflicto armado.

Pero a pesar de que la reforma establece que delitos de lesa humanidad no podrán ser de conocimiento de la Justicia Penal Militar, la ONU y ONG de derechos humanos la rechazan, argumentando, entre otras causas, que los "falsos positivos" no quedaron excluidos de ser conocidos por esa instancia.

AFP
Domingo, 30 de Diciembre de 2012, 15:17
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