Fiscalía brasileña: Aún no está decidido investigar acusación contra Lula

BRASILIA.- La fiscalía brasileña aclaró hoy que el procurador general de la República, Roberto Gurgel, aún no decidió si pedirá que se investigue la denuncia contra el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, acusado de estar directamente involucrado en el escándalo de corrupción que sacudió su primer gobierno.

La información niega lo publicado por el diario "O Estado de Sao Paulo", que en su edición de hoy afirmó que Gurgel ya había analizado las denuncias hechas contra Lula por uno de los condenados por participar del fraude, el publicista Marcos Valério de Souza, y que resolvió remitirlas al Ministerio Público para que fueran investigadas.

Según el rotativo, Gurguel optó por enviar el pedido de investigación a la primera instancia del Ministerio Público, y no a la Procuraduría, debido a que Lula ya no es presidente de Brasil ni tiene un mandato popular actualmente, por lo que no goza de privilegios.

Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía informó que Gurguel "aún no realizó el análisis" de las declaraciones de De Souza, y que por tanto "aún no hay ninguna decisión en relación a una posible investigación del caso".

De Souza fue condenado a más de 40 años de prisión por el Supremo Tribunal Federal, que lo acusó de ser el "operador financiero" del esquema de pago de sobornos a parlamentarios y desvío de dinero público comandado por el oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

En septiembre pasado, el publicista se presentó voluntariamente ante la Procuraduría con el fin de obtener una eventual reducción de la pena a cambio de brindar más información sobre el escándalo. En la ocasión también solicitó protección para él y su familia, por temor a represalias.

En sus declaraciones, afirmó que Lula da Silva no sólo avaló la maniobra de "compra" de votos a parlamentarios aliados, sino que además usó parte del dinero obtenido ilegalmente para gastos personales.

También denunció que un miembro del PT lo amenazó de muerte para evitar que formalizara sus denuncias, y que el partido gubernamental pagó a su abogado honorarios por casi dos millones de dólares para financiar su defensa en el llamado "juicio del siglo".

Según De Souza, a comienzos de 2003, cuando Lula iniciaba su primer mandato, le entregó al presidente dinero para cubrir "gastos personales" a través de un depósito hecho en la cuenta de la empresa de seguridad Caso, que pertenecía al entonces asesor presidencial Freud Godoy. El depósito fue detectado en el marco de las investigaciones, pero Godoy afirmó que el dinero era para pagar gastos de campaña electoral.

No obstante, De Souza asegura que en realidad el dinero era para pagar gastos personales de Lula, aunque no supo especificarlos.

A instancias de las acusaciones, los partidos opositores pidieron a la Procuraduría que se investigue la presunta vinculación de Lula con el llamado escándalo del "mensalao".

Lula, a su vez, tildó las denuncias de "mentirosas": "Yo no puedo creer una mentira, no puedo reponder a una mentira", dijo un irritado Lula al ser preguntado sobre el asunto.

Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa, sostuvo que "la única salida era investigar".

"El Ministerio Público, en materia penal, según nuestro sistema, no goza de prerrogativa para elegir el caso que lleva adelante, el caso que va a conducir. (El Ministerio Público) se rige por el principio de la obligatoriedad, tiene el deber de hacerlo", dijo Barbosa.

El "escándalo del mensalao" terminó en diciembre pasado en Brasilia con la confirmación de las condenas a 25 personas, entre ellas el ex ministro del Gabinete Civil de Lula, José Dirceu, y otros tres importantes líderes del PT: el ex presidente del partido, José Genoino, el ex tesorero Delubio Soares, y el ex presidente de la Cámara Baja Joao Paulo Cunha.