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Santiago: Viernes 26 de abril del 2024 | Actualizado 14:33
LA PAZ.- Una protesta obrera para lograr cambios en la ley de pensiones cumplió hoy el décimo día bajo la dirección de la unitaria Central Obrera Boliviana (COB) liderada por el minero Juan Carlos Trujillo.
El gobierno de Evo Morales intentó al menos en cuatro oportunidades establecer un acuerdo con los sindicalistas, pero el diálogo se estancó porque la protesta prosiguió con el corte de rutas y movilizaciones callejeras en ocho de las nueve capitales de departamentos de Bolivia.
La huelga general paralizó la producción de estaño en la mina Huanuni. Las pérdidas ya ascienden a 10 millones de dólares, según el ministro de Minería, Mario Virreira.
Los 4.700 trabajadores de la mina Huanuni llegaron a La Paz para realizar protestas callejeras.
Los sindicatos obreros insisten en su pedido de una renta mensual de un cien por cien en base las últimas doce nóminas, con un tope máximo de 8.000 bolivianos (1.150 dólares) por mes para el sector minero, una escala intermedia de 5.000 (840 dólares) y un pago mínimo de 1.200 (160 dólares) a los que menos ganan.
El gobierno de Evo Morales ofreció pagar un máximo de 4.000 bolivianos (550 dólares), una renta intermedia de 3.200 (480 dólares) y 1.200 (160 dólares) como renta mínima.
"No hay otro margen más de negociación sobre este tema, digan lo que digan y hagan lo que hagan", respondió el Mandatario Morales la semana pasada, respuesta que enfureció a los sindicatos porque aumentaron las protestas callejeras en occidente y oriente de Bolivia.
La huelga general con corte de rutas que se inició el 6 de mayo provocó la destrucción de un puente en la carretera que une La Paz y Cochabamba por la explosión de una carga de dinamita activada por trabajadores de la mina Huanuni, el mayor yacimiento de estaño de Bolivia.
La legislación boliviana da paso a la jubilación a los 58 años en hombres y 55 en mujeres.
Los sindicatos critican el pago a los militares jubilados de una renta mensual de un 100 por ciento, beneficio que fue logrado en 1993 en el gobierno de Jaime Paz Zamora.
El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, admitió hoy que unos 6.700 militares de baja y alta graduación reciben ese beneficio. Además se supo que el Tesoro General del Estado realiza un aporte extraordinario cada año de 24 millones de bolivianos (3,1 millones de dólares) para el pago a los militares jubilados.
