EFE
LIMA.- El ministro de Justicia de Perú, Daniel Figallo, declaró este lunes que le informó al presidente Ollanta Humala que tras analizar la situación del encarcelado ex mandatario Alberto Fujimori concluyó que no le corresponde una pensión presidencial, tal como lo pidió su abogado.
"Le he informado al presidente que hay una norma jurídica, precisamente emitida en el gobierno de Fujimori, y firmada por éste, en la que se expresa que la pensión de los ex presidentes se suspende cuando hay una acusación constitucional, y claro se renovaría si se le declara inocente", señaló a los medios locales.
La semana pasada, Humala indicó que solicitó un informe a Figallo para saber si corresponde darle una pensión a Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión por la autoría mediata (dominio del hecho) de 25 asesinatos y dos secuestros durante su gobierno (1990-2000) y que además tiene penas menores por delitos de corrupción.
El jueves pasado, Figallo había adelantado a los medios su posición sobre el pedido de la defensa de Fujimori y hoy reiteró que el caso está "muy claro" porque el propio Congreso lo sometió a una acusación constitucional, después de lo cual fue condenado por el Poder Judicial.
Según Figallo, Humala deberá evaluar el informe que le alcanzó para tomar una decisión final sobre la solicitud.
La ley peruana estipula que los expresidentes deben gozar de una pensión "equivalente al total de ingresos de un congresista en actividad", pero también especifica que este derecho queda en suspenso si el Congreso formula una acusación constitucional en su contra, salvo que en la sentencia judicial sea declarado inocente.
En el 2000, Fujimori renunció por fax desde Japón tras revelarse la red de corrupción que se orquestó durante su gobierno, por lo que el Congreso decidió destituirlo por "permanente incapacidad moral" e inhabilitarlo para ejercer cualquier cargo público durante 10 años.
En junio de 2013, Humala le denegó un indulto humanitario a Fujimori al acoger las recomendaciones de una comisión que lo evaluó y concluyó que no era un enfermo terminal y que no presentaba transtornos mentales graves.
