A 22 días de que los estudiantes desaparecieran la noche del 26 de septiembre pasado, las autoridades continúan sin dar con su ubicación.
ReutersIGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MÉXICO.- La incertidumbre sobre la suerte de 43 estudiantes mexicanos que desaparecieron tras un ataque armado a manos de policías y un cártel mantiene en vilo al país este sábado, a tres semanas de la tragedia que apremia cada vez más al gobierno.
"Es desesperante, vemos que pasan los días y no sabemos nada. Siempre dicen lo mismo, fosa tras fosa, la misma situación y no nos los quieren entregar", dijo Manuel Martínez, vocero del Comité de Padres de los 43 Estudiantes Desaparecidos de la escuela rural de Ayotzinapa, ubicada en las montañas de Guerrero (sur).
Con los ojos rojos por el cansancio, los agobiados padres de estos jóvenes, la mayoría campesinos de la sierra, participaron el viernes, con integrantes del sindicato de maestros y organizaciones de izquierda, en una multitudinaria marcha que paralizó el puerto de Acapulco.
Martínez adelantó que este sábado van a cerrar supermercados y a tomar casetas de peaje en Chilpancingo, capital del convulso estado de Guerrero, cuya alcaldía mantienen tomada desde el lunes pasado, luego de quemar la sede del gobierno estatal.
"Es injusto que el gobierno, el presidente de la República, el procurador no hagan nada, es muy cruel", añadió Martínez al señalar que los alumnos y maestros continuarán las acciones de protesta hasta encontrarlos.
Fue una "cosa casual"
A 22 días de que los estudiantes desaparecieran la noche del 26 de septiembre pasado en la ciudad de Iguala, ubicada a 111 km de Chilpancingo, las autoridades continúan sin dar con su ubicación.
Los jóvenes desaparecidos, que habían ido a recaudar fondos a Iguala, fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del peligroso cártel de Guerreros Unidos, reafirmó el viernes Jesús Murillo Karam, procurador General de la República en una conferencia de prensa.
Sidronio Casarrubias Salgado, el "líder máximo" de los Guerreros Unidos, fue detenido el jueves en compañía de uno de sus operadores más cercanos.
Casarrubias Salgado dice que la retención y desaparición de los jóvenes "fue una cosa casual", qué él no la ordenó y de la que sólo fue informado, pero que no se opuso, señaló Murillo Karam.
La razón por la que los Guerreros Unidos querían tener en su poder a los jóvenes aún se desconoce. "Estamos en esa etapa de la investigación", señaló el funcionario ante la cascada de interrogantes que cayeron sobre él en la rueda de prensa.
Entre la información que Casarrubias ha empezado a dar se confirmó que el cártel entregaba a la secretaría de Seguridad Pública de Iguala 600.000 pesos mensuales (unos 44.300 dólares). "Era el pago de nómina de la policía" que trabajaba para el cartel, indicó Murillo Karam.
José Luis Abarca, quien era alcalde de Iguala cuando fueron secuestrados los jóvenes, huyó unos días después y sigue sin ser localizado.