Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela.
ReutersTras la aprobación a viva voz por unanimidad hoy en la Cámara Baja, el presidente de Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, el republicano Ed Royce, dijo que, con la decisión del Congreso, EE.UU. "envía un mensaje contundente de apoyo a todos los venezolanos que anhelan libertad, democracia y el imperio de la ley".
En tanto, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, el demócrata Robert Menéndez, también valoró la aprobación del texto legislativo.
"Este es un día de acción contundente, un momento en el que el Congreso levanta su voz unida en contra de las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno de Maduro en Venezuela", afirmó el legislador.
El Presidente Barack Obama debe ahora firmar la iniciativa para que se convierta en ley, pero la Casa Blanca no se opondría a nuevas sanciones contra Venezuela, dijo esta semana un portavoz del gobierno.
Las acciones son similares a las que Washington ha aplicado a altos funcionarios de Rusia, dentro de las sanciones vinculadas al conflicto ucraniano.
Arrestos de opositores
El texto se dirige a funcionarios señalados de dirigir o asistir "actos de violencia o abusos serios de derechos humanos", arrestos o causas judiciales contra manifestantes antigubernamentales en Venezuela.
"Los individuos detrás de las violaciones de derechos humanos en Venezuela no podrán seguir escondiéndose y serán responsabilizados", dijo el senador Robert Menéndez, que impulsó la ley en la cámara alta.
La medida generó rechazo en el régime chavista. El martes el Presidente Nicolás Maduro advirtió a Obama que Washington "saldrá muy mal parados" si ejecuta las sanciones.
Venezuela, sumida en una polarización política, fue sacudida entre febrero y mayo por protestas opositoras que, incitadas por la escasez de alimentos y la rampante inseguridad, dejaron 43 muertos.
Maduro dijo que ha estado evaluando las relaciones diplomáticas entre Venezuela y EE.UU., al tiempo que arrecian las críticas internacionales contra la decisión del régimen de someter a proceso a la dirigenta opositora Corina Machado.
La Casa Blanca había reiterado, desde que comenzaran las protestas en Caracas, en las que murieron más de 40 personas, que la resolución del conflicto debía resolverse de manera interna y negociada.
Sin embargo, el Gobierno de EE.UU. decidió en julio pasado finalmente suspender las visas de algunos funcionarios venezolanos, después del fin de las negociaciones y tras el último encontronazo entre Caracas y Washington con la puesta en libertad del general venezolano Hugo Carvajal, reclamado por la justicia estadounidense.
