SANTIAGO.- La ministra de Cultura, Paulina Urrutia, informó sobre la presentación de un proyecto de ley que reconozca un derecho de reserva de la fuente a los directores documentalistas, similar al derecho que protege la labor de los periodistas.
La iniciativa se vincula al caso de la documentalista Elena Varela, detenida el 7 de mayo y recluida en la cárcel de Rancagua, situación que ha provocado inquietud en el sector audiovisual nacional e internacional, y preocupación por el material audiovisual incautado, en cuanto al alcance que esta situación podría tener en el libre ejercicio de la creación audiovisual.
Al respecto, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), evalúa la presentación de un proyecto de Ley que reconozca un derecho de reserva de la fuente a todo material que forme parte de una producción audiovisual del género documental.
En una conferencia de prensa ofrecida esta mañana, en compañía de los diputados Álvaro Escobar, Marco Enríquez-Ominami, y el subsecretario del ramo, Arturo Barrios, Urrutia informó sobre las intenciones del CNCA en cuanto a llevar adelante esta iniciativa.
No obstante, la ministra fue enfática en señalar que la situación procesal de Varela es un asunto que compete exclusivamente a los tribunales de justicia, quienes deberán pronunciarse sobre su inocencia o culpabilidad.
Respecto del material audiovisual incautado, manifestó que "quienes participan de la industria audiovisual desarrollan una actividad creativa en pleno ejercicio de los derechos y libertades del sistema democrático, por lo que sus obras deben gozar de la protección y preservación del ordenamiento jurídico, tanto a nivel constitucional como legal", y que resulta necesario fortalecer aun más la legislación vigente, que permita hacer más precisa y específica la protección de la libertad de creación y expresión como elementos fundamentales de un régimen democrático moderno.
Respecto de la reserva de la fuente, cabe reiterar la declaración del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, en cuanto a exhortar a los órganos jurisdiccionales competentes a aplicar en este caso particular el derecho de reserva de la fuente de información reconocido en normativas sobre el ejercicio del periodismo, por tratarse de material audiovisual que forma parte de un documental.
Por su parte, los diputados agradecieron a la ministra y al Gobierno por la rapidez con que se está actuando. Ambos fueron enfáticos en señalar que en nuestro país no deben existir temas prohibidos, especialmente en un Estado de Derecho que debe garantizar y proteger la cultura y la libertad de expresión.