SANTIAGO.- Con el respaldo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se entregó hoy a Carabineros el alcalde de San Ramón, Pedro Isla, en el frontis de la sede consistorial, cumpliendo así la orden de detención dictada en su contra por no cancelar los cerca de 700 millones de pesos que el gobierno comunal debe a un grupo de profesores.
Isla reiteró que él no es responsable de la deuda que mantiene el municipio con los docentes, señalando que "es una deuda social del Estado que por cosas extrañas de las leyes está siendo castigado el empleador dos de las deudas que dejó el empleador uno (el ex alcalde y actual concejal Jesús Cabedo)".
No obstante, indicó que la responsabilidad del pago tampoco es de Cabedo, ya que nunca recibió el dinero para pagar la deuda.
Al respecto propuso que el Estado a través de una legislación, como cuando pagó la deuda social con los exonerados, cancele los dineros que se deben a los docentes, reiterando que el municipio de San Ramón no cuenta con los recursos para hacerse parte del pago.
Al momento de entregarse a la policía, para luego ser trasladado a la Comisaría de San Ramón, Pedro Isla, recibió el respaldo de los alcaldes de La Florida, Gonzalo Duarte, y Estación Central, Cristián Pareto, entre otros jefes de gobierno comunales y dirigentes de la Democracia Cristiana, así como también de vecinos y funcionarios del municipio.
Por su parte, el presidente de la DC, Ricardo Hormazábal, manifestó el respaldo de la colectividad a Pedro Isla, destacando que se trata de un hombre honesto que asumirá una responsabilidad que no le corresponde.
En ese sentido, señaló que la deuda "es un hecho que viene arrastrándose desde el gobierno militar, y todo este proceso se origina en 1981 cuando se traspasó la educación a los municipios".
Indicó que la responsabilidad penal es en contra de la persona, y en este caso debería afectar al ex alcalde Juan Cabedo, quien al momento de iniciarse el juicio en 1990 aún era jefe de gobierno comunal, tras ser designado por el gobierno militar.
Hormazábal aseguró que se trata de un juicio contra un alcalde que tras ser elegido "democráticamente" y participar en el proceso del gobierno militar, está haciendo cargo de una situación que no le corresponde.
