SANTIAGO.- La Corte Suprema autorizó hoy a la jueza argentina María Servini de Cubría, que investiga el asesinato del ex jefe del Ejército chileno Carlos Prats, a participar en los interrogatorios de tres altos oficiales retirados, cuyos testimonios pidió vía exhorto.
Se trata del jefe exterior de la disuelta Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Raúl Iturriaga Neumann; de su hermano, el coronel en retiro Jorge Iturriaga Neumann, y del brigadier José Zara Holger, quienes han sido inculpados por uno de los autores del doble crimen.
La magistrada fue autorizada por la Segunda Sala de lo Penal del máximo tribunal para estar presentar en los interrogatorios, que serán dirigidos por el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard.
El general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, fueron asesinados en un atentado ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en el barrio bonaerense de Palermo, al hacer explosión una bomba colocada en su automóvil por un comando de la DINA, según consta en el sumario que instruye la magistrada Servini de Cubría.
La visita de la jueza federal argentina para asistir a los interrogatorios tendrá lugar pocas semanas después de se conocieran las declaraciones que hizo a la magistrada en Estados Unidos el ex agente de la DINA Michael Townley.
Townley, de nacionalidad estadounidense, confesó que hizo detonar la bomba e inculpó en el atentado a José Zara Holger, ex jefe del comando "boinas negras" del Ejército, así como al coronel en retiro Jorge Iturriaga.
También vinculó con el atentado a los más altos jefes de la policía secreta del regimen de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, cuyos testimonios también han sido recabados por Servini de Cubría.
El 22 de diciembre pasado, la jueza participó en los interrogatorios que el juez Joaquín Billard realizó en el penal de Punta Peuco, 30 kilómetros al norte de Santiago, al ex director y al ex subdirector de la DINA, el general en retiro Manuel Contreras y el brigadier jubilado Pedro Espinoza, respectivamente.
La magistrada también ha solicitado el testimonio del general en retiro Sergio Arellano Stark, sometido a proceso por el caso de la "Caravana de la Muerte", una comitiva militar que ejecutó sin juicio a más de setenta presos políticos en varias ciudades semanas después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
La investigación del crimen ha permitido la identificación de los principales responsables, en tanto que el ministerio público argentino y las tres hijas de Carlos Prats han solicitado una declaración indagatoria de Augusto Pinochet.
La petición fue realizada después de que Manuel Contreras dijera que la DINA recibía órdenes directas del ex presidente de "facto".
Augusto Pinochet, que afronta más de cien querellas criminales y está a punto de perder la inmunidad parlamentaria, fue notificado de un incidente de prescripción y se le instó a que designara un abogado, pero se negó argumentando que ello supondría reconocerle competencia a los tribunales argentinos.
Los únicos acusados en el doble crimen que están preso son el chileno ex agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel, que lleva dos años en prisión preventiva, y desde hace una semana también el argentino Juan Martín Ciga Correa, ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado Argentino.
Carlos Prats fue ministro del Interior y comandante en jefe del Ejército durante el gobierno del presidente socialista Salvador Allende, y fue reemplazado por Augusto Pinochet 23 días antes de que éste protagonizara el levantamiento militar del 11 de septiembre de 1973.
