Senado aprobó informe sobre Ley de Prensa

Uno de los acuerdos más importantes logrados fue la derogación de la norma de protección especial para autoridades nacionales radicada en la Ley de Seguridad del Estado, las que iban a quedar protegidas por las normas generales del Código Penal que sancionan las injurias y calumnias, sin que se consideren como delitos contra el orden público.

07 de Junio de 2000 | 22:44 | ORBE
VALPARAISO.- El Senado aprobó esta tarde por unanimidad el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto sobre Ley de Prensa, con lo que la iniciativa podría pasar al Ejecutivo para que se promulguen como Ley aquellas materias en las que no hubo discrepancias con la Cámara o se envíe, como se anunció, un veto aditivo.

El debate se desarrolló sin tensiones, pero con un criterio generalizado tendiente a criticar el rechazo que hiciera la Cámara sobre esta materia, pese a que habían alcanzado un buen acuerdo en la comisión mixta.

Uno de los más importantes acuerdos que se habían alcanzado en dicha comisión fue la derogación de la norma de protección especial para autoridades nacionales radicada en la Ley de Seguridad del Estado, las que iban a quedar protegidas, como todos los ciudadanos, por las normas generales del Código Penal que sancionan las injurias y calumnias, sin que se consideren como delitos contra el orden público.

Las responsabilidades civiles o penales por delitos o abusos cometidos en el ejercicio de las libertades que consagra esta ley se aplicarán al autor, considerándose por éste, tanto a quien difunde materialmente la opinión o noticia, como al director del medio de comunicación.

Asimismo, se consagraba la denominación de "periodista" sólo para quienes estén en posesión del respectivo título universitario y se les entregaba en forma exclusiva a dichos profesionales, jefes responsables y equipo de apoyo (fotógrafos, camarógrafos, etc) la reserva de la fuente informativa.

La Ley también reconocía el pluralismo en el sistema informativo, garantizado la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, y se planteaba el nuevo delito de "impedir la libre difusión de opiniones o informaciones a través de cualquier medio de comunicación social".
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