Fasic: "Se rompe la cadena del silencio"

La abogada en jefe de esa institución, Verónica Reyna, aseguró que los plazos de entrega de información -paradero o circunstancias de muerte- de los detenidos desaparecidos obliga a hablar a uniformados en servicio activo y en retiro. Eso sí, dijo, habrá confidencialidad e inexistencia de delito por no denunciar antes dicho ilícito.

13 de Junio de 2000 | 11:02 | El Mercurio Electrónico
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  • SANTIAGO.- La Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas (Fasic) se mostró esperanzada y satisfecha con el acuerdo de la mesa de diálogo, porque "si se cumple con los plazos a las Fuerzas Armadas, no superior a los seis meses, para entregar información se podrá saber el paradero o las circunstancias en que murieron los detenidos desaparecidos".

    Así lo explicó Verónica Reyna, abogada en jefe del Departemento Jurídico de esa entidad, que en la instancia de acuerdo estuvo representada por el profesional Héctor Salazar.

    Sobre el eventual choque con la investigación que lleven magistrados, planteó que "por ningún motivo esta información e investigación al interior de los uniformados entrará en competencia con el trabajo de los tribunales de justicia. Es un aporte más para llegar a conocer el destino de los detenidos desaparecidos, encontrar sus cuerpos o las circunstancias".

    Aclaró que este plazo de seis meses se puede prorrogar por otros seis, "pero queda a criterio del Presidente de la República, quien evaluará cada caso con los antecedentes que le entregarán los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas".

    Vale decir, dijo, la reconstrucción de información fragmentada sobre el paradero del millar de detenidos desaparecidos queda exclusivamente en las FF.AA., tanto en personal en servicio activo como en el que está retirado, fórmula que presentó la abogada Pamela Pereira.

    Respecto de quiénes entregarán datos de cada caso, Verónica Reyna añadió: "Los informantes no necesariamente serán los autores de los delitos, sino también quienes tengan datos, de modo que todos los que entreguen información quedan sujetos a la confidencialidad, lo mismo que planteó el ex Presidente Aylwin para buscar una solución".

    Reconoció, eso sí, que las FF.AA. no aceptaron tipificar como delito la ocultación de información, no obstante "se rompe así la cadena del silencio al interior de las Fuerzas Armadas entre activos y en retiro. Este compromiso nos permitirá encontrar, no a todos, pero a un número importante de víctimas de derechos humanos", aseguró Reyna.

    La entrega de datos sobre detenidos desaparecidos obligará a realizar ciertas modificaciones a la ley que rige al mundo castrense, en orden a la inexistencia del secreto profesional.

    En el documento se estipula incluir el secreto de confesión para las entidades morales, ya que sólo los pastores de la Iglesia Católica tienen el derecho a ejercer dicho secreto.

    Otro cambio tiene relación con disposiciones para personal de la administración pública y uniformados a denunciar ilícitos que se cometen dentro de un plazo perentorio. Si no lo hace, podría ser objeto de sanción.

    La abogada Reyna descartó el incentivo monetario para los informantes, porque -añadió- "va en contra de la ética y significaría una especie de guerra contra la información por quién paga más".
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