LONDRES.- Los esfuerzos de las autoridades chilenas por conseguir la liberación del ex general Augusto Pinochet en 1999, detenido en Londres el '98 tras solicitar el juez español Baltasar Garzón su extradición por cargos relacionados con violaciones de derechos humanos, fueron denunciados en el último informe de Amnistía Internacional (AI).
El documento divulgado hoy por la organización informa de que la legislación internacional se vio puesta a prueba durante las actuaciones judiciales seguidas contra Pinochet en el Reino Unido.
El informe señala que, en octubre pasado, el juez encargado de la causa ordenó que siguieran adelante los procedimientos para la extradición de Pinochet por 35 cargos de tortura o conspiración para torturas posteriores al 8 de diciembre de 1988, así como por cargos de tortura continuada derivados de los mil 198 casos de "desaparición" presentados por Garzón.
Tras la detención de Pinochet en el Reino Unido se presentaron ante los tribunales chilenos 40 querellas contra él relacionados con casos de violación de los derechos humanos ocurridos en el pasado y varios oficiales de alta graduación fueron detenidos al reabrirse casos de homicidio y desapariciones durante ese periodo.
Sin embargo, la Quinta Sala de Apelaciones de Santiago -señala Amnistía Internacional- rechazó una solicitud para incluir a Pinochet en la investigación sobre la muerte de 72 personas en 1973, durante una operación militar denominada "Caravana de la Muerte", por la inmunidad parlamentaria que le otorgaba su puesto de senador vitalicio.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, agrega AI, afirmó en marzo de 1999 que "las disposiciones constitucionales que formaron parte del acuerdo político que facilitó la transición de la dictadura militar a la democracia dificultan la aplicación plena (por parte de Chile) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)".
Asimismo, el documento se refiere a los malos tratos infligidos a detenidos por parte de guardias penitenciarios, los abusos de la policía contra los ciudadanos y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos siguieron marcando el rumbo en Chile durante 1999, además de un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes.
Durante el año pasado, según el informe de AI, también continuaron las amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos y, a pesar de las denuncias interpuestas, las investigaciones sobre éstas no progresaron.
Los más perjudicados por estas amenazas fueron, precisamente, los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.
El Comité afirmó en noviembre de 1999 que Chile había violado "el derecho a la libertad personal, el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal" de Carmelo Soria, funcionario de la ONU torturado y asesinado en 1976, señala la organización humanitaria.
Amnistía Internacional denuncia en su informe la condena a muerte en Chile de tres hombres, aunque dos de éstas fueron conmutadas por penas de cadena perpetua.
